La central térmica de ciclo combinado que se iba a construir en Morata de Tajuña unió a los municipios del sudeste de la región para paralizar el proyecto. No faltaron encierros de los ediles de la Corporación y movilizaciones para evitar su construcción.
Después de que la Delegación del Gobierno en Madrid iniciase los trámites de expropiación de los terrenos para la construcción de la central térmica de ciclo combinado en Morata de Tajuña, los trece ediles de la Corporación municipal se encerraron en el Ayuntamiento como señal de protesta.
Además, amenazaron con dimitir en bloque en el caso de que el proyecto siguiera adelante. Asimismo, representantes del Consistorio acudieron ante el Ministerio de Industria y Energía para exigir la paralización del proyecto.
Finalmente el encierro de los concejales finalizó con el anuncio del Ministerio de Industria de que se comprometía a paralizar la instalación si el Gobierno regional no emitía un informe medioambiental favorable. Por su parte, la entonces consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Beatriz Elorriaga, confirmó que el Gobierno regional también estaba en contra del proyecto por su ubicación.
El origen del problema
El rechazo a la térmica se basaba en que Morata de Tajuña ya tenía la cementera más importante de Europa, así como otras cinco empresas extractoras. Además, según los municipios de la zona, la instalación distaba del núcleo habitado menos de 1.500 metros, y que por tanto incumplía las normas urbanísticas vigentes, que contemplan un mínimo de dos kilómetros.
Asimismo, los alcaldes de los municipios afectados alegaban que la instalación de una central térmica como la proyectada entraría en conflicto con las explotaciones mineras que existen ya en la zona y que han sido declaradas de utilidad pública.
También aseguraban que el emplazamiento de esta instalación impediría el posible desarrollo de prácticas agrícolas, ganaderas o de turismo rural, causando "un gran impacto visual irremediable".
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