Recurren la paralización de las obras de la ermita de Leganés
Por MDO/E.P.
miércoles 14 de mayo de 2008, 00:00h
Actualizado: 15/05/2008 17:55h
El propietario de los terrenos de la Finca de la Mora, Manuel B.G., recurrió el pasado 3 de abril ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo la paralización de las obras que ordenó el Ayuntamiento de Leganés el pasado 21 de noviembre tras descubrir que estos trabajos derivaron en la demolición de la capilla del Cristo del Humilladero (del siglo XVI), de su bodega (siglo XVII) y de varios elementos arquitectónicos, actividad para la que carecía de licencia el dueño de la finca.
Según el demandante, el recurso se encuentra justificado porque las obras que realizaba en los terrenos "se encuentran amparadas por la licencia municipal" concedida en 2004. El recurso -fechado el pasado 3 de abril- insta al Ayuntamiento a que, en el plazo de 20 días, "remita el expediente administrativo" de la paralización.
Durante el Pleno del pasado martes, el concejal de Urbanismo, Raúl Calle, confirmó, ante una pregunta del PP, el recurso interpuesto contra la resolución municipal al asegurar que el propietario "ha solicitado amparo". El Ayuntamiento ordenó la paralización de las obras de la Finca cuando descubrió que habían sido demolidos varios elementos del complejo histórico, entre ellos, la ermita.
Así, según el informe técnico del departamento de Infracciones Urbanísticas, el propietario sólo tenía licencia para "consolidación y rehabilitación de la edificación existente, exclusivamente -remarca- en el ámbito de la edificación destinada a capilla, coro de la capilla y bodega".
Sin embargo, la inspección municipal realizada el 15 de noviembre determinó que "tanto la capilla como las bodegas han desaparecido". Los inspectores concluyeron que "no se ha podido localizar ninguno de los elementos decorativos o de mobiliario que contuvo el edificio del siglo XVI".
En el Pleno del pasado martes, el PP cuestionó que el Gobierno local (PSOE e IU) no haya sancionado al propietario por la demolición. En este sentido, Calle informó de que "la Administración tiene unos procesos reglados" que, antes de dictaminar, obligaron al Ayuntamiento a "abrir un plazo de alegaciones".