La Comunidad de Madrid ha concentrado 202.424 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno, una cifra que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor número de peticiones, solo por detrás de Cataluña.
Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la región se han asignado 61.703 citas para la tramitación de los expedientes y una de cada cinco solicitudes se ha presentado de forma presencial en las oficinas habilitadas.
En todo el país, el procedimiento, cuyo plazo finalizó el pasado 30 de junio, ha recibido un total de 1.174.978 solicitudes, más del doble de las que vaticinaba el Ejecutivo central. De ellas, más de 608.000, el 52 por ciento del total, ya se encuentran en fase de tramitación.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el elevado volumen de peticiones evidencia la necesidad de esta medida, destinada a regularizar la situación administrativa de personas que ya residen en España. "Permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza", ha afirmado.
Saiz ha recordado además que la admisión a trámite de la solicitud conlleva la concesión de un permiso provisional para residir y trabajar en todo el territorio nacional mientras se resuelve el expediente.
Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el listado con más de 257.000 solicitudes, seguida de la Comunidad de Madrid. Tras ambas se sitúan la Comunidad Valenciana, con unas 167.000 peticiones, y Andalucía, con alrededor de 161.000.
En cuanto al perfil de los solicitantes, el Ministerio ha señalado que el 67 por ciento procede de países de América Central y del Sur. Colombia representa el principal país de origen, con el 26 por ciento de las solicitudes, por delante de Marruecos (13,4 pr ciento), Venezuela (11,7 por ciento) y Perú (8,8 por ciento).
La ministra ha calificado el proceso como "un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos".
El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid presentó un recurso contra este proceso extraordinario de regularización de migrantes ante el Tribunal Supremo, que lo admitió a trámite. Alegaba que la medida puede afectar a la prestación de los servicios públicos al no prever, a su juicio, financiación ni recursos suficientes para atender el aumento de población beneficiaria. Asimismo, el Gobierno regional argumenta que la norma podría ser incompatible con la legislación de la Unión Europea y plantea posibles consecuencias en materia de seguridad.