Ayuso aprueba la ley del concebido no nacido, que las Educadoras Infantiles tachan de "pantomima absurda"

‘Habemus nasciturus’. Pese al revés sufrido hace dos semanas, cuando la izquierda paralizó su aprobación al denunciar diversos defectos de forma, la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la ley del concebido no nacido, una de las normas estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Como un alumno aplicado que no quiere dejar ninguna asignatura para septiembre, el Ejecutivo regional reaccionó al varapalo de la paralización convocando un pleno extraordinario este jueves, ya fuera del periodo ordinario de sesiones, con un único objetivo: aprobar por el procedimiento de lectura única (y como único punto del orden del día esta medida antes del parón veraniego.

La norma reconoce al nacisturus, o concebido no nacido, como miembro de la unidad familiar a todos los efectos dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. Con ello, el Gobierno regional pretende agilizar la concesión de ayudas económicas y el reconocimiento de la condición de familia numerosa, al permitir que las solicitudes puedan tramitarse con el bebé aún en el vientre materno. De este modo, las familias podrán acceder antes a prestaciones cuyo cálculo depende de la renta familiar, como las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor escolar o las ayudas al alquiler joven. Una medida que PSOE y Más Madrid rechazan al considerar que responde más a un planteamiento ideológico que a una necesidad social.

Durante su tramitación parlamentaria, el Grupo Popular incorporó varias enmiendas al texto original para homogeneizar los criterios de acceso a las ayudas, habilitar al Consejo de Gobierno para desarrollar la norma y modificar determinados aspectos mediante decreto, además de abrir otras vías administrativas para quienes no puedan presentar las solicitudes por vía telemática. Enmiendas (al menos una) que más tarde fueron cuestionadas por la oposición por "incostitucionales".

El encargado de defender la iniciativa fue el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien sostuvo que se trata de una ley "a favor" que no va "en contra de nadie ni de nada" y que "no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda". Durante su intervención citó además al Papa León XIV al recordar su discurso en el Congreso de los Diputados, donde el Pontífice dijo que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso".

García Martín defendió que tanto las administraciones como la sociedad tienen la obligación de "cuidar, apoyar y proteger" al concebido, así como a las madres y a las familias que esperan un hijo. En este sentido, rechazó que exista contradicción entre la defensa de los derechos de la mujer y el apoyo a la maternidad, al tiempo que reivindicó que la norma supone "política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda sectaria y anclada en viejas consignas", al reforzar la eficacia y coherencia del sistema de ayudas públicas. "Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", concluyó.

Desde Vox, la diputada Belén González respaldó la iniciativa aunque la consideró insuficiente. A su juicio, la ley debería reconocer "sin complejos" que el concebido no nacido es "una realidad humana merecedora de protección específica desde el momento de la concepción hasta su muerte natural" e incorporar un principio de protección integral de la vida, la maternidad y la familia.

En cambio, la diputada socialista Lorena Morales reprochó al Ejecutivo madrileño que "desaparezca" una vez nacen los hijos. "Ustedes les dicen a las madrileñas que tengan hijos, pero cuando esos hijos nacen dejan solas a las madres", afirmó. A su juicio, la norma no responde a una necesidad social sino a una "obsesión ideológica" derivada de la competencia con Vox y recordó que en la Comunidad de Madrid hay 155.000 menores que viven en pobreza severa. "Lo necesario es defender la vida cuando ya tiene nombre, cuando tiene problemas y cuando necesita recursos públicos", zanjó.

También Más Madrid cargó contra la iniciativa, que calificó de "chapuza legislativa" destinada a hacer "guiños a los enemigos del derecho al aborto" y a "contentar al electorado más ultra". La diputada Raquel Huerta cuestionó que el Gobierno se preocupe por los concebidos mientras, dijo, desatiende a los menores ya nacidos, reclamando medidas como la climatización de colegios, un comedor escolar universal o una mayor atención a los menores extranjeros no acompañados. La parlamentaria, embarazada y próxima a salir de cuentas, aseguró además que la defensa de la vida del PP "acaba en el paritorio".

Más Madrid solicitó un receso o retirada de una de las enmiendas por "incostitucional"

Antes de la votación definitiva, que se daba por descontada gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea, Más Madrid solicitó un receso del Pleno al considerar que una de las enmiendas incorporadas por el PP podía ser "inconstitucional". La secretaria general del grupo parlamentario, María Acín, pidió que la Mesa revisara la enmienda número dos, al entender que permitía al Consejo de Gobierno modificar mediante decreto una disposición con rango de ley, lo que, a su juicio, vulneraría el principio de jerarquía normativa. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, rechazó la petición al recordar que la Mesa ya había calificado la iniciativa y que había superado todos los trámites reglamentarios.

Más Madrid registró además un escrito en el que sostenía que existían "serias dudas de constitucionalidad" sobre esa modificación, al entender que una norma reglamentaria no puede alterar un precepto con rango de ley ni se fijaban límites a esa facultad otorgada al Ejecutivo autonómico.

Finalmente, tras cerca de una hora y media de debate, la Asamblea aprobó la ley alrededor de las 11.30 horas con los votos favorables del Partido Popular. También salieron adelante las enmiendas presentadas por los populares, mientras que las registradas por los grupos de la oposición fueron rechazadas, también las de Vox que proponían utilizar el principio de "prioridad nacional".

Las Educadoras Infantiles tachan de "pantomima absurda" la norma

Mientras el Pleno debatía la norma, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) se concentró frente a la Asamblea de Madrid para denunciar lo que calificó como una "pantomima absurda". La portavoz del colectivo, Lucía Martínez, criticó que el Gobierno regional priorice ayudas para los concebidos no nacidos mientras existen "muchas criaturas que ya están nacidas y que no tienen ayudas".

La plataforma reclamó que, en lugar de incentivar la natalidad mediante este tipo de medidas, la Comunidad destine más recursos a abrir plazas públicas de escuelas infantiles, ampliar las ayudas de comedor, facilitar el acceso a la vivienda y aliviar el coste de la cesta de la compra. "No puedes tener hijos y formar una familia si no puedes pagar el alquiler", defendió Martínez, quien insistió en que la gratuidad de los comedores escolares sería una ayuda "básica" para muchas familias.

Desde PLEI sostuvieron que la nueva ley pretende transmitir la imagen de que el Gobierno autonómico apoya a las familias cuando, a su juicio, las verdaderas necesidades pasan por reforzar la conciliación y los servicios públicos. "¿Qué medidas presenta nuestra presidenta para la infancia ya nacida? ¿Qué inversión real destina para que las familias puedan conciliar una vez tienen a sus criaturas en casa?", se preguntaron durante la protesta.

Con esta aprobación, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera autonomía que reconoce con carácter general al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar, ya que Galicia contempla una previsión similar pero limitada a las familias numerosas. La ley permitirá computar al concebido desde la acreditación del embarazo para el acceso a ayudas públicas, beneficios fiscales, becas, deducciones en el IRPF, bonificaciones y otras prestaciones autonómicas. Entre las enmiendas incorporadas se establece, además, una regulación sobre las semanas mínimas de gestación exigibles para determinadas ayudas y se fija que el reconocimiento como familia asimilada a numerosa podrá solicitarse a partir de la semana 14 de embarazo, con efectos desde la presentación de la solicitud.