Tras la ratificación del acuerdo para la financiación de las seis universidades públicas madrileñas, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso prometió continuar escuchando los anhelos y reivindicaciones de estos centros. Y, al menos sobre el papel, así está siendo.
Para muestra, la aprobación, vía Consejo de Gobierno, de hasta 1.395 nuevas plazas para ampliar sus plantillas docentes, investigadoras y de administración. En concreto, ha explicado el portavoz y segundo de abordo de la presidenta, Miguel Ángel García Martín, en el marco de la rueda de prensa posterior al cónclave, 1.014 serán para profesores e investigadores y 381 para técnicos de gestión y de administración y servicios.
Un refuerzo que responde tanto a las demandas de las propias universidades, quienes previamente había trasladado tal necesidad. La Complutense será la que cuente con más puestos asignados en la presente convocatoria, con un total de 400. Tras ella figuran la Politécnica, con 366, la Autónoma, con 272, la Rey Juan Carlos, con 168, la de Alcalá, con 101, y la Carlos III, con 88.
También a la tasa de reposición, fijada hasta un máximo del 120 por ciento para los sectores prioritarios y del 110 por ciento para el resto. Igualmente, se reserva un 15 por ciento a los investigadores doctores que cumplan conlos requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica dentro del Programa Ramón y Cajal, que promueve la incorporación de profesionales españoles o extranjeros en centros de I+D.
Esta oferta de empleo universitaria, confirman desde Sol, se gestionará mediante concurso público.
Futura Ley de Ciencia
En paralelo, la reunión del Consejo de Gobierno ha servido también para dar el pistoletazo de salida al proceso de consulta pública en torno a la futura Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad. Una norma, ha detallado, el mismo portavoz, que sustituirá a la legislación vigente desde 1998 para adaptarla a la evolución de las nuevas tecnologías y a los nuevos retos que afronta el sector.
Entre las medidas contempladas por el borrador, incrementar la competitividad del ámbito científico e investigador al alinearlo con la hoja de ruta europea, reforzar el potencial investigador de la región y fomentar su proyección internacional.