La Fiscalía de Madrid pide penas de hasta nueve años de prisión para tres hombres acusados de participar en una agresión con armas blancas que dejó a un joven gravemente herido y con secuelas permanentes en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Los hechos serán juzgados este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según el Ministerio Público, la víctima estuvo a punto de morir tras recibir una cuchillada en el cuello durante un ataque ocurrido en julio de 2023. Como consecuencia de las lesiones sufridas, pasó más de siete meses hospitalizado y tuvo que someterse a un largo proceso de rehabilitación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Desde entonces, presenta importantes limitaciones físicas y ha necesitado utilizar silla de ruedas.
Los hechos se remontan a la tarde del 22 de julio de 2023, cuando los tres procesados, todos de nacionalidad colombiana, se encontraron con otros tres jóvenes con los que, presuntamente, mantenían desavenencias previas por motivos que no han sido aclarados durante la investigación.
La acusación sostiene que uno de los encausados alertó a los otros dos de la presencia del grupo rival. Al percatarse de la situación, las víctimas emprendieron la huida mientras dos de los acusados iniciaban una persecución armados con un cuchillo de cocina y un machete.
La carrera se prolongó por varias calles hasta llegar a un edificio situado en el número 71 de la calle Esfinge. Dos de los jóvenes lograron refugiarse en el portal, pero el tercero, identificado como Samuel V., fue alcanzado por sus perseguidores.
Un ataque con machete y cuchillo
El escrito de acusación atribuye a dos de los procesados la agresión directa contra la víctima con intención de acabar con su vida.
Según la Fiscalía, uno de ellos le golpeó con un machete en el antebrazo izquierdo, mientras que el segundo le asestó una puñalada en el cuello.
Las consecuencias fueron devastadoras. Samuel V. sufrió heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo, una lesión medular traumática a nivel cervical, fracturas vertebrales, un hematoma epidural y diversas afecciones neurológicas y respiratorias derivadas del ataque.
La gravedad de las lesiones obligó a practicar varias intervenciones quirúrgicas de urgencia, entre ellas la extracción del arma blanca que permanecía clavada en el cuello, una laminectomía cervical y una traqueostomía.
Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permaneció ingresado durante 226 días siguiendo un complejo programa de rehabilitación.
Secuelas irreversibles
La Fiscalía destaca que la agresión puso en peligro la vida de la víctima debido a la localización de la cuchillada, en una zona donde se concentran importantes estructuras nerviosas y vasculares. Según el informe médico incorporado a la causa, una asistencia tardía podría haber tenido consecuencias mortales.
Dos años después de los hechos, Samuel V. continúa sufriendo importantes secuelas físicas. Entre ellas figura un síndrome de Brown-Séquard, una lesión neurológica asociada a daños en la médula espinal que le provoca limitaciones funcionales permanentes.
Además, padece dolores crónicos de origen neurológico y necesita ayudas técnicas para desplazarse, como bastones, ortesis o silla de ruedas en determinadas circunstancias.
A ello se suman diversas secuelas estéticas, entre ellas cicatrices visibles en el cuello, el brazo y el cuero cabelludo, así como atrofias musculares derivadas de la lesión medular.
Petición de hasta nueve años de cárcel
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita nueve años de prisión para los dos presuntos autores materiales de la agresión.
Para el tercer acusado, al que atribuye un papel de colaboración por haber avisado de la presencia de las víctimas y actuar presuntamente de forma concertada con los otros dos procesados, reclama una pena de cuatro años de cárcel como cómplice.
La Fiscalía también solicita mantener en prisión provisional a uno de los acusados hasta la celebración del juicio y plantea que, en caso de condena, se comunique la sentencia a la Delegación del Gobierno para estudiar una posible actuación en materia de extranjería.
Asimismo, pide que los dos principales encausados no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido, al menos, la mitad de la pena que eventualmente les sea impuesta.
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