Once años de cárcel para un sacerdote por agredir sexualmente a una mujer en Vallecas

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a once años de prisión a un sacerdote por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito de Puente de Vallecas.

Según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera probado que Wooby O. JO, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se aprovechó de su posición para captar a mujeres inmigrantes con necesidades económicas y problemas de alojamiento.

La resolución judicial recoge que la víctima principal, una mujer colombiana que llegó a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia en busca de ayuda tras quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa anexa a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones de carácter sexual.

La Audiencia da por acreditado que el acusado accedió en varias ocasiones a la vivienda utilizando sus propias llaves y la agredió sexualmente. Además, según el fallo, llegó a amenazarla con “darle un tiro” si contaba lo sucedido.

El tribunal sostiene que el religioso actuó aprovechándose de la situación de extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que esta mantenía respecto a las ayudas gestionadas por la Iglesia. La víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.

Absuelto de otros delitos denunciados

La sentencia absuelve, sin embargo, al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al considerar que los hechos relatados: comentarios, insinuaciones o comportamientos inapropiados, no alcanzan la relevancia penal suficiente para ser castigados.

Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajar con menores.

Asimismo, deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.