Más Madrid ha decidido abandonar este lunes la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid ante la falta de presidencia del órgano, vacante desde la dimisión en febrero de 2024 de la diputada de Vox Ana Cuartero.
La decisión ha sido comunicada en sesión por la diputada Raquel Huerta, que ha denunciado que su grupo lleva “seis meses intentando” que se incluya en el orden del día la elección de un nuevo responsable de la comisión. En su intervención, ha acusado al Partido Popular de ejercer un “veto” y a la Mesa de la Cámara de incurrir en una “dejación de funciones” por no cumplir, a su juicio, el Reglamento parlamentario.
Tras esta protesta, la formación ha anunciado que no volverá a participar en el órgano hasta que se proceda a nombrar una nueva presidencia, una situación que considera bloqueada desde hace meses.
Vox tiene que proponer representante
La respuesta ha llegado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha recordado que la vacante se produjo tras la salida de Vox de la presidencia del órgano. En este sentido, ha leído el artículo 65.5 del Reglamento de la Cámara, que establece que las vacantes en las mesas de las comisiones deben cubrirse mediante acuerdo de la propia comisión, a propuesta del grupo al que pertenecía el miembro saliente.
Según ha explicado, la sustitución se resolverá cuando Vox proponga a un nuevo representante para ocupar el puesto. También ha recordado que la presidencia de esta comisión, al igual que la de otras como la de Presupuestos, suele recaer en grupos de la oposición tras acuerdos parlamentarios.
Desde Más Madrid, su portavoz Manuela Bergerot ha defendido la decisión de su grupo y ha insistido en que no regresarán a la comisión hasta que el PP desbloquee la designación de una nueva presidencia, una situación que, según ha señalado, “lleva boicoteando desde octubre del año pasado”.
Bergerot ha sostenido además que el Partido Popular teme que su formación asuma la dirección del órgano y ha acusado a los populares de intentar impedir el funcionamiento normal de la comisión, asegurando que su grupo ha contribuido previamente a destapar distintos casos de presunta corrupción en el ámbito educativo y de contratación pública.
La comisión quedó sin presidencia tras la dimisión de Ana Cuartero, quien había denunciado durante meses dificultades para ejercer labores de fiscalización al Gobierno regional, al considerar que se estaban bloqueando iniciativas y dificultando el funcionamiento del órgano mediante la inadmisión reiterada de propuestas registradas por los distintos grupos.