"De aquí no me voy". Con esta determinación afronta Alejandro Ibáñez, de 81 años, el proceso judicial que ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid para "desalojar" a las últimos cuatro residentes que permanecen en lso apartamentos municipales para mayores San Francisco, situados en la calle Jerte número 3, en el barrio de La Latina. "Ya no dicen que sea un desalojo pero es un desalojo encubierto, ahora hablan de una autorización para entrar en las viviendas", ha explicado Ibañez sobre la situación judicial.
"Yo no me voy a marchar. Si un juez dictamina que me tengo que salir a la calle, iré hasta donde haga falta. Si tengo que ir a Bruselas, iré", afirma Ibáñez, que lleva más de quince años residiendo en estos apartamentos municipales destinados a personas mayores con pocos recursos.
El conflicto se remonta a mayo de 2024, cuando el Ayuntamiento de Madrid aprobó un proyecto de reforma integral del edificio alegando la existencia de desperfectos que, según el Consistorio, no podían subsanarse sin que los residentes abandonaran previamente sus viviendas. Sin embargo, para Alejandro Ibáñez, esas deficiencias podrían resolverse sin necesidad de desalojar a los mayores que vivían y aún viven en el edificio y asegura que sabe de qué habla porque se ha dedicado al mundo de la construcción "toda su vida".
El inmueble, que alberga apartamentos tutelados para personas mayores que conservan su autonomía, fue desalojado de forma progresiva con el argumento de que era necesario acometer esas obras de mantenimiento y subsanar diversas patologías estructurales.
Más de 60 residentes fueron trasladados a residencias municipales entre finales de 2024 y mediados de 2025 para permitir el inicio de los trabajos. Sin embargo, un pequeño grupo de vecinos se negó a abandonar el edificio alegando que no existían razones técnicas suficientes para justificar el desalojo y que el traslado suponía perder su independencia. Desde junio de 2025 solo permanecen cuatro residentes en el inmueble, entre ellos, el propio Ibañez.
"Nos han denunciado por separado"
En los últimos días, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso más y ha iniciado un procedimiento judicial para forzar la salida de las cuatro personas que todavía quedan en el edificio. "Nos han denunciado a cada uno a un juzgado diferente, con cuatro jueces distintos. Así es más complicado organizarnos o tener el mismo abogado de oficio", explica.
Según relata Ibáñez, la idea del Consistorio no solo sería "debilitarles" al impedir que puedan defenderse de forma conjunta, sino también facilitar que distintos jueces autoricen la entrada en las viviendas y, con ello, el desalojo de los residentes de los apartamentos San Francisco: "Buscan que tan solo un juez dictamine que pueden echarnos".
Pese a ello, los vecinos aseguran que están dispuestos a defenderse y, por el momento, tres de los cuatro afectados ya han solicitado asistencia jurídica gratuita para poder afrontar el proceso y contar con un abogado de oficio. "No me voy a cansar. Desde hace dos años una vez al mes me dicen que me van a echar, y yo no me voy", ha apuntado Ibáñez.
El vecino sostiene que su contrato le permite permanecer en el apartamento de forma indefinida. "Yo tengo un contrato indefinido hasta que me muera. La única manera de echarme sería que estuviera incapacitado y tuvieran que llevarme a una residencia", asegura.
Ibáñez recuerda que llegó a estos apartamentos tras perder su situación económica durante la crisis financiera de 2008. "Antes tenía mi familia, mi casa y una empresa que funcionaba bien. Pero me arruiné y estuve dando vueltas hasta que me ofrecieron venir aquí. Llevo quince años viviendo en este edificio".
Las críticas al proceso no son solo de los residentes que todavía permanecen en el edificio. Varias asociaciones vecinales del barrio de La Latina también han cuestionado la actuación del Ayuntamiento y la falta de información sobre el futuro de los apartamentos. En particular, la Asociación Vecinal La Chispera ha denunciado la "opacidad" en torno al proyecto de reforma y ha pedido al Consistorio que haga público el informe técnico que justificaría el desalojo, además de paralizar cualquier orden de expulsión contra los cuatro mayores que aún viven en el inmueble. También reclaman que se garantice que el edificio mantendrá su uso como apartamentos públicos y asistenciales para personas mayores y que, en caso de ejecutarse las obras, se asegure el retorno de los vecinos que fueron trasladados.
La Asociación Vecinal La Chispera también ha criticado el expediente de la obra (tasada en 3,7 millones de euros y aprobada en Junta de Gobierno en septiembre de 2024) solo hablaba de "subsanación de patologías", lo cual "en lenguaje técnico, por sí solo, no significa que exista riesgo de inseguridad".
Cruce de acusaciones
Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha rechazado las críticas de los residentes y de las asociaciones vecinales, asegurando que parte de los argumentos que se están difundiendo sobre el proyecto son "falsedades". Según ha explicado, la reforma integral del edificio cuenta con un informe técnico que declara incompatible la ejecución de las obras con personas viviendo en el inmueble.
Fernández ha responsabilizado a los cuatro residentes que todavía permanecen en los apartamentos de que los trabajos sigan paralizados. "Lo que existe es el egoísmo de cuatro personas", ha afirmado, defendiendo que el resto de mayores aceptó el traslado a otros recursos municipales y que la negativa de los últimos vecinos a marcharse ha impedido iniciar la intervención prevista. El proyecto, según el delegado, contemplaba además ampliar los pisos tutelados, pasando de 58 a 65 plazas.
Las obras no han arrancado por el "egoismo" de cuatro personas, según el delegado
Alejandro Ibáñez rechaza tajantemente estas afirmaciones y sostiene que el relato municipal "es falso". El residente asegura que ya se lo trasladó personalmente al delegado en una reunión celebrada en la Plaza de la Villa. “Le dije allí mismo que no es que fuera mentira, es que no era verdad nada de lo que estaba diciendo a los ediles de la oposición”, afirma.
Ibáñez también recuerda que, en una ocasión, varios concejales de la corporación municipal del Partido Popular acudieron al edificio para intentar convencer a los últimos residentes de que abandonaran sus viviendas. Según relata, respondió con ironía a los representantes municipales utilizando el mismo argumento que el Ayuntamiento había difundido sobre el estado del inmueble. "Les dije: si el edificio está tan mal y se va a caer, ¿qué hacen ustedes aquí dentro?", explica. Para el vecino, hay una gran diferencia entre el discurso oficial sobre el supuesto deterioro del edificio y la realidad que, asegura, viven quienes todavía residen en él.
Los residentes que ya fueron desalojaros quieren volver
Ibáñez asegura que, desde que comenzó el traslado de los residentes, ha mantenido contacto con algunos de los antiguos vecinos que aceptaron marcharse a residencias municipales. Según relata, varios de ellos le han transmitido que les gustaría regresar a los apartamentos de la calle Jerte. "Algunos me dicen que quieren volver", afirma.
Aun así, sostiene que muchos de los mayores que abandonaron el edificio no están satisfechos con su nueva situación. Según cuenta, algunos le han trasladado que han perdido buena parte de la independencia que tenían cuando vivían en los apartamentos tutelados. "Aquí cada uno tenía su casa y su vida. Allí es diferente", comenta.
Ibáñez también asegura que algunos de los antiguos residentes desconocen qué ha ocurrido con parte de sus pertenencias tras el traslado. "Hay gente que me dice que sus cosas están guardadas en algún sitio, pero que no saben exactamente dónde", afirma. Una situación que, según sostiene, ha contribuido a que muchos de ellos afronten el cambio con tristeza y sensación de desarraigo, y quizás enviden a los que se quedaron, aunque ahora tienen "otra lucha", la judicial.
El pasado 19 de mayo de 2025, el Ayuntamiento anunció que las obras no comenzarían hasta que los últimos residentes abandonaran el edificio, lo que ha mantenido el proyecto paralizado desde entonces.
"Una injusticia hacia las personas mayores"
A pesar de la presión judicial y de la incertidumbre sobre el futuro del edificio, Ibáñez asegura que seguirá resistiendo. El vecino insiste en que no se trata solo de su situación personal, sino de lo que considera una injusticia hacia las personas mayores que durante años han vivido en estos apartamentos municipales. "Lo que están haciendo con los mayores es una auténtica injusticia", afirma. A su juicio, el proceso de desalojo ha obligado a decenas de vecinos a abandonar un lugar en el que habían construido su vida y su red social durante años. Muchos de ellos, recuerda, eran personas autónomas que podían seguir viviendo de forma independiente en los apartamentos tutelados, un modelo que precisamente se creó para permitir a los mayores permanecer en su entorno y mantener su autonomía.
Ibáñez asegura estar convencido de que el verdadero objetivo del Ayuntamiento no es la reforma del edificio, sino su derribo. Según el residente, la ubicación de los apartamentos San Francisco en pleno barrio de La Latina hace que la zona sea "muy jugosa" y cree que se pretende reemplazar el inmueble por viviendas de uso turístico, dejando de lado su función social para personas mayores. "Estoy totalmente seguro de que quieren tirarlo y hacer lo que quieran aquí", afirma. Unas dudas que se sustentan al recuerdo lejando de una gran operación inmobiliaria tumbada por los tribunales de tiempos del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde y heredada por Ana Botella, el llamado ‘mini-Vaticano’.
"Yo quiero morir aquí, en mi casa. Y voy a luchar hasta donde haga falta para que esto siga siendo para personas mayores necesitadas”, concluye. “Si tengo que ir a Bruselas para que nos escuchen, iré".
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