Directivos y empleados del fondo de inversión ELIX, propietario del inmueble situado en la calle Tribulete número 7, en el madrileño barrio de Lavapiés, han negado ante la jueza que instruye la causa que estén incurriendo en acoso inmobiliario contra los residentes del edificio.
Durante su declaración judicial este jueves, los investigados, entre ellos el socio fundador de la empresa, el director de Expansión y el arquitecto responsable de las obras, han rechazado que los trabajos iniciados en noviembre de 2024 tuvieran como objetivo generar daños o molestias para forzar la salida de los inquilinos.
La magistrada investiga un presunto delito de acoso inmobiliario tras la denuncia presentada en relación con las actuaciones llevadas a cabo en el edificio, donde los vecinos llevan más de dos años resistiendo en sus viviendas bajo la estrategia #NosQuedamos, impulsada junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, lo que les ha permitido permanecer en sus casas pese a la finalización de sus contratos de alquiler.
“Balones fuera” y “vía de hecho”
La letrada Alejandra Jacinto, que representa al sindicato, ha señalado que la propiedad ha tirado “balones fuera” durante su comparecencia judicial, asegurando que “las obras no estaban encaminadas a generar daños a los vecinos, a los inquilinos”, aunque hayan podido ocasionar molestias, y negando que exista acoso inmobiliario.
Para la abogada, no resulta comprensible que la empresa no haya iniciado los procedimientos legales de desahucio correspondientes y, en su lugar, haya optado, según sostiene, por “tomarse la justicia por su mano y haciendo una vía de hecho que pasa por ejecutar unas obras y hacer a los inquilinos la vida insoportable”.
“Prueba de la efectividad de estos métodos es que a día de hoy, quedan apenas 15 viviendas ocupadas de 52 viviendas ocupadas que había antes del inicio de las obras”, ha censurado.
Las declaraciones se retomarán el próximo 3 de marzo, cuando comparezcan el portero de la finca, el arquitecto de los vecinos y el jefe de obra.
El sindicato ha anunciado que solicitará nuevas diligencias, entre ellas requerir a la Policía Municipal los informes que pudieran haberse elaborado a raíz de las llamadas efectuadas por los vecinos alertando de los daños concretos que, según denuncian, estaban provocando las obras en su vida cotidiana.
La letrada ha recordado que “este tipo de delictivo, el delito de acoso inmobiliario, es un delito que lo que contiene es impedir el uso legítimo de la vivienda” y ha subrayado que “eso es precisamente lo que nosotros creemos que queda acreditado con las declaraciones”.
Asimismo, ha celebrado que "la querella, al menos de momento, haya servido para que cesen esa tortura que están sucediendo los vecinos cesen esas obras de esa manera y aunque ahora se sigan realizando trabajos pues se hagan de una forma mucho más respetuosa”.
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