Apenas 24 horas después de que Gobierno central y sindicatos firmases la subida del salario mínimo interprofesional, popularmente conocido por las siglas SMI, hasta los 1.221 euros brutos al mes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado un ápice en cargar contra una medida que considera "liberticida" y "electoralista". Y es que, a sus ojos, este tipo de iniciativas restan "competitividad" a las empresas españolas.
"Los acuerdos electoralistas, como el anunciado ayer, considero que nos hacen daño a todos porque se toman decisiones liberticidas que pagan otros que no están sentados a las negociaciones. Y allá donde se ha aplicado, en cualquier lugar del mundo, a lo largo de la historia, siempre ha acabado mal, arruinando los empleos del presente, del futuro", ha aseverado la máxima mandataria autonómica durante la presentación del Plan Estratégico de Salud Digital 2026-2028.
"Arruinará los empleos del presente y el futuro"
El problema de fondo en esta suerte de "intervención" o "ataque", contraria en cualquier caso al "incentivo", los "problemas de competitividad" para el tejido empresarial español. Una deriva, siempre desde el prisma de la presidente, que bien podría terminar por provocar su traslado hacia otros países del entorno donde las condiciones resulten más favorables para sus intereses económicos.
"Si las empresas en España empiezan a tener problemas de competitividad, se irán. Si no se deja de atacarlas, de intervenirlas con decisiones políticas, más burocracia y más dificultades dejarán de dar puestos de trabajo y oportunidades. Si se intervienen las empresas solo se va a crear conseguir un efecto contrario, un país donde se pierdan las ganas, el incentivo, las oportunidades y que se vayan nuestro talento y nuestros jóvenes", ha zanjado al respecto.
Tras su ratificación en Consejo de Ministros, el salario mínimo asciende 37 euros al mes. En términos anuales supone un incremento de 518 euros, un 3,1 por ciento. En suma, el SMI en 2026 alcanza así los 17.094 euros al año (1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas).
Se trata de la octava subida consecutiva promovida por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y la sexta que sale adelante sin el beneplácito de la patronal.
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