La lucha vecinal contra la construcción de un cantón de limpieza y base del Selur del barrio madrileño de Montecarmelo llegará a las instituciones europeas. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una solicitud presentada por vecinos, familiares y representantes del Colegio Alemán de Madrid, que será debatida el próximo día 25 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.
La Comisión de Peticiones ha considerado admisible la iniciativa al entender que "la cuestión que plantea entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea". En consecuencia, se ha solicitado a la Comisión Europea que lleva a cabo una investigación preliminar sobre el asunto y se ha remitido la petición, a título informativo, a la citada comisión parlamentaria.
Los solicitantes reclaman la intervención de las instituciones europeas para proteger los derechos a la infancia, la adolescencia y el medio ambiente frente a la construcción de una macroinstalación industrial de más de 10.000 metros cuadrados, proyectada apenas 60 metros del Colegio Alemán, que cuenta con cerca de 1.700 alumnos y una guardería, tal y como señalan los afectados.
Los vecinos denuncian que el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delgado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, mantiene su intención de ejecutar el proyecto sin haber realizado un informe de impacto ambiental, a pesar de que la instalación incluye talleres, gasolinera y electrolinera.
En la documentación presentada ante el Parlamento Europeo se incorpora la sentencia 118/2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid, que anuló los decretos municipales que autorizaban la ubicación del cantón en la parcela 26.2B de Montecarmelo. El fallo judicial concluye que el proyecto requiere de forma obligatoria una evaluación ambiental previa, inexistente hasta la fecha.
Pese a esta resolución, los vecinos aseguran que el Ayuntamiento no ha paralizado los trabajos y que continúan con las labores de tala, vallado y movimientos de tierra, al entender el Consistorio capitalino que la sentencia no implica la suspensión automática del proyecto.
Desde el inicio del conflicto se ha sucedido numerosas acciones de protesta, entre ellas concentraciones, cadenas humanas y encadenamiento a los árboles para que no los talaran. La Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo ha denunciado ante la Fiscalía la tala de 146 árboles pese a la anulación judicial y ha recogido más de 14.000 firmas en contra del proyecto.
En su fundamentación jurídica, la petición invoca el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al interés superior del menor, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la Directiva 2011/92/UE, que obliga a realizar estudios de impacto ambiental antes de autorizar proyectos industriales.
Los vecinos solicitan que las instituciones europeas exijan al Ayuntamiento de Madrid la realización de los estudios de impacto ambiental y de afectación a la infancia y adolescencia, el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial y la reubicación del cantón en una zona industrial, alejada de centros educativos y residenciales.
¿Abiertos a negociaciones?
El pasado mes de octubre, el regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que existía voluntad de "llegar a un acuerdo lo antes posible" y restó importancia al proyecto, asegurando que el cantón será "un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse".
Según el alcalde, se trata de unas instalaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza de la ciudad y, con ello, el servicio en el barrio. "Aquí no va a haber una instalación industrial ni un trasiego continuo de vehículos, como se está anunciando", sostuvo.
Ahora, con el debate abierto en Europa, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha respondido que "no hay ninguna novedad" en el proyecto, al menos de momento.
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