El desahucio de Mariano Ordaz, vecino de la calle Carnero número 1, en la zona de Lavapiés, ha sido paralizado tras la movilización vecinal y el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que denuncia desde hace meses la situación de abandono y presión que sufre por parte de la Venerable Orden Tercera (VOT), propietaria del inmueble.
Ordaz reside en la vivienda desde hace más de cincuenta años y, según el sindicato, la propiedad ha intentado desalojarle en varias ocasiones desde 2022, cuando dejó de pagar el alquiler al no poder asumirlo por estar en el paro, sin mostrar disposición a negociar un alquiler social, a pesar del carácter religioso de la entidad. A esta falta de diálogo se suma, denuncian, un grave deterioro del edificio por la ausencia de mantenimiento, con problemas estructurales y de salubridad que han ido empeorando con el paso del tiempo.
La situación alcanzó su momento más crítico el pasado 8 de noviembre, cuando se desplomó el techo de la cocina. Mariano no se encontraba en la estancia en ese momento, lo que evitó un mal mayor. Desde el Sindicato de Inquilinas atribuyen el derrumbe a la negligencia de la propiedad y alertan de que este episodio estaría siendo utilizado como argumento para forzar su salida definitiva de la vivienda con la excusa de acometer una reforma.
“Estamos ante un caso en el que la falta de mantenimiento pone en riesgo la vida de una persona y, además, se pretende aprovechar esa misma negligencia para ejecutar un desahucio”, señalan desde la organización, que también expresa su sorpresa por la ausencia total de interlocución por parte de una institución que se presenta como social y religiosa.
En una publicación difundida en redes sociales tras la paralización del lanzamiento, el sindicato explica que "hemos parado el desahucio de Mariano. No ha sido gracias a la VOT ni a los juzgados. Se ha parado gracias a las vecinas. La VOT no quiere negociar. Políticos y jueces respaldan esa decisión. Pero si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente. Te esperamos el 13 de febrero", en alusión a la fecha a la que ha sido aplazado el desalojo.
La publicación va acompañada de un vídeo en el que una portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid remarca la necesidad de que ambas partes se reúnan a negociar "porque Mariano quiere pagar y quiere tener un contrato de alquiler".
El inquilino reclama que la propiedad asuma su responsabilidad, lleve a cabo las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de la vivienda y se busque una solución que le permita continuar en su hogar en condiciones dignas.
Según recuerdan desde el movimiento inquilino, la VOT es una institución de carácter religioso vinculada a la Iglesia católica que gestiona un amplio patrimonio inmobiliario y tiene capacidad para ofrecer alternativas habitacionales sin recurrir al desalojo.