Nueva Ley de Empresa Familiar: Madrid elevará del 95% al 99% la reducción fiscal por herencias y donaciones

En la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles se ha presentado el informe referente al Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar, que introduce nuevos beneficios en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ampliando así lo que ya establece la normativa estatal. El propósito de esta medida es asegurar la relevancia generacional de estas empresas. Cerca de 450.000 firmas de este tipo se verán favorecidas, lo que equivale al 93 por ciento del tejido empresarial en la región; además, contribuyen con el 65 por ciento del PIB y generan el 60 por ciento del empleo privado en Madrid.

En los casos de adquisición de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades a través de sucesión o donación, la reducción que se aplicará en la base imponible aumentará del 95 al 99 por ciento. Esto será posible siempre y cuando el nuevo propietario conserve los bienes en su patrimonio durante los próximos cinco años.

Asimismo, se extenderá el rango de familiares que pueden recibir beneficios, incluyendo a los ascendientes y a los miembros del grupo III de parentesco (hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos/nueras, entre otros), así como a los primos hermanos dentro del grupo IV.

Se eliminará la exigencia de que el donante debe tener más de 65 años o estar en situación de gran invalidez o incapacidad permanente, lo que también permitirá mejorar los requisitos para acceder a la bonificación. Además, se detallará qué ingresos serán considerados para poder aplicar el beneficio fiscal.

Las bonificaciones generales actualmente en vigor en la Comunidad de Madrid serán compatibles con todas estas medidas en ambas modalidades del impuesto. Se calcula que alrededor de 1.500 contribuyentes madrileños se beneficiarán, lo que les permitirá un ahorro fiscal cercano a los dos millones de euros anuales. Este informe representa el paso previo necesario para el trámite de audiencia pública de la Ley, cuya aprobación por parte de la Asamblea de Madrid está programada para mediados del año, y su entrada en vigor se producirá al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).