Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han vuelto a expresar su “insatisfacción” con el borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). “No nos satisface, hay todavía mucho por hacer en profesorado, estudiantado y sanciones”, advirtió el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, durante la presentación de la nueva asociación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma), celebrada en la Universidad de Alcalá.
Goyache insistió en que la financiación autonómica “claramente sigue siendo insuficiente” y reclamó negociación. El rector comparó la situación de las universidades madrileñas con la de otras regiones: “En Andalucía tienen 500 millones de euros más en sus presupuestos que nosotros” y subrayó que en Europa “una universidad clásica ya tiene más presupuesto que las seis de la región”. Por ello, pidió “un esfuerzo que otros países y regiones hacen para sus universidades públicas”.
El rector anfitrión y presidente de Cruma hasta final de año, José Vicente Saz (UAH), afirmó que la LESUC presentada inicialmente “no daba respuesta a los problemas” de las universidades, aunque reconoció que el “espíritu ha virado” en los últimos meses. Aun así, recordó que el diálogo con la Consejería sigue abierto: “Estamos acercándonos a un documento útil, pero no hemos finalizado las negociaciones”.
Una situación que se produce dos semanas después de la huelga universitaria convocada por estudiantes y trabajadores, con un seguimiento del 70%, según los sindicatos, y más de 7.000 personas concentradas en la Puerta del Sol.
La rectora de la Autónoma, Amaya Mendikoetxea, alertó de que la “infrafinanciación viene desde 2008” y que los centros “han ido ahogados año a año sin poder planificar”. Sobre el nuevo modelo de financiación que prepara el Gobierno regional, pidió claridad: “Nos jugamos el futuro de la universidad”.
Desde la Politécnica, Óscar García destacó el trato “cordial y respetuoso” con la Consejería y celebró que los objetivos planteados en la ley incentiven a los centros a “ir a por ese bote”, aunque insistió en la preocupación por la financiación básica: “Es la que nos permite contratar profesores”.
UCM y URJC, las más castigadas
Las universidades más castigadas por la falta de recursos, según los propios rectores, son la Complutense y la Rey Juan Carlos. El rector de esta última, Abraham Duarte, advirtió: “Si no hay un aumento significativo de la financiación, seguiremos en una situación complicada”. La URJC mantiene solvencia hasta 2026, pero Duarte alertó de que “si el modelo descarrila, en 2027 podríamos tener un problema”.
En paralelo, el rector de la Carlos III, Ángel Arias, reclamó abrir un debate sobre el sistema madrileño, donde conviven seis universidades públicas y catorce privadas: “Hay que plantearse si la formación es adecuada u obsoleta; no solo lo cuantitativo, sino el para qué”.
Por su parte, Goyache ha respondido al comentario de la consejera de Economía, Rocío Albert, manifestando que la UCM “se sobrepasó” en contrataciones de personal no funcionario.
“Cuando se dice que hemos sobredimensionado la plantilla y se dan datos parciales, parece que estamos derrochando”, comentado el rector de la Complutense quien ha explicado que ha pedido un crédito a la Comunidad por valor de 34,4 millones de euros, con un interés del 2,8 por ciento, debido a un “déficit estructural causado por sobrecostes externos, como la energía”, y no por exceso de contrataciones.
“Si disminuimos la plantilla, vamos mal. Cada año iremos a peor si la financiación nominativa no sube”, advirtió y llegó a cuestionar por qué el aumento del coste energético se cubre para hospitales públicos pero no para universidades: “No entiendo esa diferencia de trato”.
La UC3M recurrirá el centro adscrito del ICAM
La reunión de Cruma también sirvió para abordar la creación del centro universitario adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la Complutense, aprobado en noviembre. El rector de la UC3M, Ángel Arias, anunció que su universidad presentará un recurso y calificó la medida como “una puerta falsa para formalizar universidades y ámbitos que no lo son”.
Arias remarcó que “está forzado. Dentro de la diferencia de opiniones, no creo que sea un paso adecuado”. El rector de la Complutense, por su parte, rechazó que se trate de una privatización y defendió que simplemente colaboran con “instituciones importantes”.
Con la constitución formal de Cruma como asociación, los rectores buscan reforzar su posición común ante el Gobierno regional: “Pedimos respaldo porque queremos ofrecer a los madrileños la universidad que necesitan y que se merecen”, concluyeron.
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