Con el visto bueno del Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a los trámites que conducirán a la aprobación de la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial, una regulación "pionera" a escala nacional en la conjugación de ambos ámbitos.
El objetivo del nuevo texto, publicado ahora en el Portal de Transparencia regional para iniciar la pertinente fase de Consulta Pública, aspira a "simplificar" y "facilitar" la relación digital que mantienen ciudadanos, empresas y entidades locales con la Administración autonómica. Sin que ello suponga en caso alguno, ha aclarado el propio consejero del ramo, Miguel López Valverde, un deterioro de los servicios presenciales que se prestan en la actualidad.
En la práctica, esto incluye aspectos tales como el "pre-rellenado" y memorización de datos personales de los usuarios por parte de la propia Administración, de forma que los ciudadanos no se vean obligados a presentar idéntica documentación en distintos trámites, la identificación digital o la firma electrónica, entre otros. En paralelo, a través del establecimiento de mecanismo de control, seguimiento y asesoramiento, la futura ley pretende también regular el "uso ético", "responsable" y "con todas las garantías" de una herramienta tan de moda como la IA.
La futura ley seguirá la estela del reglamento europeo y se integrará en la Estrategia de Digitalización 2023-2026, consolidando así la región como un "entorno confiable, innovador y competitivo para el despliegue de tecnologías de vanguardia". En este apartado, el anteproyecto prevé regular de manera específica los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como la confidencialidad y el secreto empresarial conforme a la legislación superior.
Además, servirá como marco de desarrollo para la innovación y la dinamización de la economía madrileña, apostando por la implantación de la Inteligencia Artificial en sectores clave como son la sanidad, la educación, la movilidad o la justicia, y apoyando a pymes, empresas y startups en su proceso de digitalización.
Todo en pos de alcanzar una comunicación "más dinámica y personalizada" que permita "anticiparse a las necesidades" de la ciudadanía mediante "modelos de análisis predictivo", reducir trámites burocráticos -por ende, también reducir tiempos de trabajo- a los funcionarios públicos y simplificar trámites como la solicitud de becas, ayudas y subvenciones al tiempo que se refuerza "la seguridad, la trasparencia y la claridad" de cada procedimiento en red.
Salvo giro de guion y a tenor de los cauces administrativos establecidos -luz verde definitiva del Consejo de Gobierno y posterior tramitación parlamentaria-, resulta previsible que la legislación entre en vigor a mediados de 2026.
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