El Gobierno de España ha declarado la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y situada en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democráticapor el papel que desempeñó durante la dictadura franquista, cuando albergó la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas a opositores políticos e ideológicos al régimen.
La decisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), culmina un procedimiento iniciado hace un año y reconoce el valor histórico del edificio que, durante cuatro décadas, fue un centro de represión política. El texto oficial destaca que la antigua DGS tuvo un “papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista”.
Reacciones políticas enfrentadas
La declaración ha generado un intenso debate político en Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su oposición frontal a la medida y ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que la decisión supone una “invasión de competencias autonómicas”. Desde el Ejecutivo madrileño defienden que “un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar su verdadera significación histórica y simbólica”.
En contraste, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha respaldado la decisión del Gobierno y ha acusado a Ayuso de intentar “reescribir la Historia”. En una entrevista concedida a Radio Nacional de España y recogida por Europa Press, García aseguró que la presidenta madrileña “quiere cercenar la memoria por sus caprichos” y que “muchos en el Partido Popular no quieren reconocer esa memoria con la que se sienten identificados”.
La ministra subrayó que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió ahí durante una dictadura”, recordando que Más Madrid ha impulsado varias iniciativas para que la Real Casa de Correos fuese reconocida como Lugar de Memoria. En enero, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, llegó a invitar a Ayuso y a sus consejeros a visitar los antiguos calabozos de la DGS situados en el mismo edificio.
Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha calificado la decisión del Gobierno como una “medida totalitaria”. En declaraciones a Telemadrid, también recogidas por Europa Press, consideró que se trata de “una cortina de humo más” para desviar la atención de “los casos de corrupción y los procesamientos del entorno del presidente del Gobierno”.
“Ningún madrileño está hoy preocupado por si la Casa de Correos es declarada lo que sea”, sostuvo Pérez Moñino, quien añadió que el Ejecutivo debería centrarse en “los problemas reales de los ciudadanos”.
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