Ni Begoña Gómez ni el delegado del Gobierno acuden a la citación del juez Peinado

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, había fijado para las 18.00 horas la citación de todas las partes, con el objetivo de cumplir con este trámite legal. Durante la semana se mantuvo la duda sobre si Gómez acudiría personalmente, ya que no estaba claro que fuera obligatorio, aunque finalmente se optó por delegar en la defensa.

En esta pieza separada del procedimiento, también están citados la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Según las mismas fuentes, tampoco este último se presentará en persona y será su letrado quien acuda en su nombre.

La defensa se apoya en una circular de la Fiscalía para justificar la ausencia de los investigados

Fuentes gubernamentales explicaron a Europa Press que las defensas han invocado una circular de la Fiscalía, fechada el 29 de diciembre de 1995, relativa al proceso ante el tribunal del jurado. Este documento aclara que la asistencia personal de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado “no es indispensable”.

Según recoge dicha instrucción, en este tipo de vistas lo único que se hace es concretar los términos de la imputación. Por ello, basta con que comparezca la representación letrada, dado que “no se practican diligencias de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado”.

La normativa establece que, en la comparecencia, el magistrado debe escuchar en primer lugar a la Fiscalía y a las acusaciones —en este caso, la acusación popular ejercida por Hazte Oír—, que serán las encargadas de precisar la imputación. Posteriormente intervendrán las defensas, que podrán solicitar el archivo o plantear nuevas diligencias de investigación.

Esta vista llega medio año después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera abrir una pieza separada para analizar la contratación de Cristina Álvarez. En mayo resolvió investigar a Francisco Martín Aguirre por presunta malversación, descartando entonces imputar a Gómez y a Álvarez. Sin embargo, el pasado 18 de agosto modificó ese criterio e incorporó a ambas en la causa.