La inspectora fiscal sobre el novio de Ayuso: “Solo intentó regularizar su situación al ser pillado”

La Cadena SER ha revelado unos audios inéditos de la declaración de Mercedes Urbano, responsable de la inspección tributaria en Madrid y encargada de la investigación contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Urbano sostiene que el empresario cometió de manera consciente un fraude fiscal en 2020 y 2021 y que únicamente trató de regularizar su situación cuando ya había sido descubierto por la Agencia Tributaria.

Según la inspectora, González Amador recurrió a una red de facturas falsas para rebajar la cuota a pagar y simuló operaciones inexistentes, entre ellas una supuesta venta de vacunas a Costa de Marfil por 922.000 euros y un contrato ficticio con México por más de 300.000 euros. En ambos casos, la investigación concluyó que no hubo actividad real y que las operaciones fueron utilizadas para aminorar de forma ilícita sus obligaciones con Hacienda.

Urbano también desmonta la tesis de Ayuso y su entorno sobre una “inspección salvaje” motivada por su relación sentimental. Explicó que la investigación se abrió tras detectar un salto irregular en los ingresos de González Amador: de poco más de 300.000 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020, ejercicio en el que, sorprendentemente, declaró menos impuestos que el año anterior.

La inspectora detalló además que el empresario utilizó sociedades pantalla en Sevilla, vinculadas a transportistas y agricultores, para simular servicios de análisis sanitarios altamente técnicos que nunca pudieron realizar. “Eran domicilios particulares sin rótulo, sin actividad alguna”, relató Urbano en su testimonio.

Otro punto clave señalado por la funcionaria es la compraventa de la sociedad Masterman, adquirida por González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención por 500.000 euros pese a carecer de valor real. Urbano denunció que el empresario usó esa firma para desviar fondos y reducir impuestos. La operación ha abierto además una pieza separada por presunta corrupción en los negocios, ya que los investigadores sospechan que el pago fue en realidad una comisión encubierta para obtener contratos de Quirón.

La contundencia del testimonio de Urbano, que se extendió durante más de dos horas y media, dejó a González Amador “a un paso del banquillo”, según fuentes jurídicas. La defensa del novio de Ayuso apenas rebatió sus acusaciones.

La jueza del caso última ya el auto de apertura de juicio oral contra González Amador por dos delitos fiscales, que suman más de 350.000 euros defraudados, mientras se mantiene viva la investigación por corrupción en los negocios.

Reacciones de los partidos políticos de la oposición antes del Debate de la región

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que los hechos conocidos sobre el novio de Ayuso confirmarían, según su opinión, que "no se enriqueció por su capacidad empresarial", sino por "su cercanía al poder" y su "caradura para estafar a Hacienda". Bergerot ha señalado que, a su juicio, el tren de vida de la presidenta madrileña no se justifica únicamente con su salario y ha subrayado que, a medida que avance el proceso judicial, "se conocerá toda la verdad". La dirigente también ha críticado la gestión del PP en la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de carecer de proyecto para la región y de actuar al margen de los intereses de los ciudadanos.

Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, ha enfatizado que la presidenta madrileña está desconectada de la realidad de los madrileños y ha apuntado a la magnitud de los ingresos del novio de Ayuso, que pasó de 300.000 euros a 2,3 millones en un año, intentando pagar menos impuestos. Para Espinar, lo que resulta "salvaje" no fue la inspección fiscal, sino la utilización que Ayuso habría intentado hacer de su posición para eludir responsabilidades. La socialista ha considerado que, ante la evidencia de estos hechos, la presidenta no tiene otra salida que dimitir, mientras los servicios públicos de Madrid sufren deterioro.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino-Aranda, ha adoptado - durante su intervención- un tono más prudente. Pérez Moñino-Aranda ha manfiestado que su formación está preocupada por la corrupción, tanto del Partido Popular como del PSOE, y ha explicado que se trata de un caso judicial que aún está en instrucción. Pérez Moñino-Aranda ha destacado que, de comprobarse algún vínculo con la Administración pública o un perjuicio a las arcas autonómicas, Vox será "incisivo" en fiscalizar los hechos y velar por la transparencia del proceso.