En septiembre, los madrileños deberán enfrentarse a un pago más: la tasa de basuras destinada a cubrir los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento de Madrid comenzará a enviar los recibos de la nueva Tasa de Gestión de Residuos (TGR), un tributo que afectará a más de 1.5 millones de viviendas y cerca de 1.4 millones de personas físicas en la capital.
La medida, derivada de la Ley 7/2022, responde a exigencias de sostenibilidad de la Unión Europea y ha generado divisiones entre administraciones locales y ciudadanos. En Madrid, también ha creado controversia política al considerar que es un tributo que genera desigualdades entre los diferentes barrios.
El importe que cada vecino tendrá que pagar dependerá de su barrio y de las características del propio inmueble en el que habita. La media se sitúa en torno a los 140 euros anuales por vivienda, pero la horquilla se amplía hasta los 574 euros en El Plantío, en el distrito de Moncloa-Aravaca hasta los 45 que tienen que pagar los vecinos de San Cristóbal, en Villaverde. Otros barrios donde el recibo será especialmente alto son El Viso, en Chamartín (425 euros), Recoletos en Salamanca (430 euros) o en Los Jerónimos en Retiro (425 euros). En el extremo apuesto se encuentra Pradolongo y Zofío, en Usera, que se quedarán en torno a los 59 euros y Amposta, en San Blas-Canillejas, en unos 62.
El cálculo de la cuota combina tres elementos: una tarifa básica vinculada al valor catastral de la vivienda, que cubre el 81 por ciento de los costes fijos del servicio, una tarifa por generación de residuos, que se establece en función del peso de los desechos recogidos en cada barrio y el número de personas empadronadas, y que representa el 11.4 por ciento y, por último, el coeficiente corrector que depende de la calidad de la separación de residuos en cada zona (supone el 7.6 por ciento). De esta forma, la cuota tributaria resulta de sumar la tarifa básica y el producto de la tarifa generación multiplicada por ese coeficiente de calidad, según recoge la ordenanza.
En el caso de los inmuebles comerciales, la media anual será más elevada, alcanzando los 310 euros. En total, los técnicos de la Agencia Tributaria de Madrid han cuantificado los ingresos por esta nueva tasa en torno a los 296 millones de euros. Una vez descontados los 40 millones que aportaba la Tasa de Residuos Urbanos de Actividad (TRUA), ahora derogada por incompatibilidad, la cifra neta adicional que entrará en las arcas municipales rondará los 256 millones a partir de este año.
¿Hay excepciones en el pago?
También existen algunas excepciones. Por ejemplo, no tendrán que pagar los garajes y trasteros vinculados a una vivienda, al no generar residuos, ni los solares o edificios en estado de ruina. Las viviendas vacías y locales sin actividad sí deberán abonar la parte correspondiente a la tarifa básica, pero sus propietarios deberán haber acreditado que se encuentra en esta situación de forma anual.
Además, colectivos como familias numerosas o los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima pudieron solicitar una reducción del cien por cien de la cuota, en plazos que finalizaron en el mes de abril.
Por otro lado, una de las cuestiones que más dudas ha suscitado entre los madrileños y que forma parte de las dudas recurrentes realizadas en el portal del Ayuntamiento de Madrid, tiene que ver con qué ocurre en caso de la venta de una vivienda o los cambios de valor catastral de la misma. El Consistorio aclara que cualquier alteración tendrá efectos en el devengo de la tasa inmediatamente posterior al momento en que se produzca los efectos en el Catrasto, siguiendo el mismo criterio que para el IBI. Las resoluciones notificadas al interesado reflejan los efectos de esas alteraciones, y cualquier modificación que implique una baja o cambio en el padrón se tramitará de oficio por la Administración Municipal.
¿Quién debe asumir la tasa en caso de que la vivienda sea alquilada?
También es habitual la pregunta sobre quién debe asumir el pago en caso de alquiler. Aunque el Ayuntamiento señala que la tasa es de uso y, por tanto, los propietarios pueden repercutirla en los inquilinos, la responsabilidad final de abonarla corresponde al titular del inmueble.
El primer recibo llegará en septiembre en forma de notificación individualizada de alta en la matrícula de la tasa, con un pazo de dos meses para efectuar el pago. A partir del próximo año, el cobro podrá domiciliarse y se gestionará de manera automática, como ocurre con otros impuestos como el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Una tasa no exenta de polémica
La aplicación de la tasa no ha estado exenta de polémica política. La aprobación de este tributo ha desatado un fuerte rechazo en la oposición. En el pleno de diciembre, PSOE, Más Madrid y Vox coincidieron en criticar la tasa, ya sea por su forma de cobro o su obligatoriedad.
Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre calificó la medida como “injusta” y anunció un recurso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), argumentando que se trata de una tasa “chapucera e injusta”.
El PSOE, por su parte, denunció que el Consistorio ocultó información sobre las bonificaciones para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que podrían quedan sin acogerse si no la solicitaron a tiempo. El grupo municipal Vox también presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM contra la tasa de basuras del Ayuntamiento y pidió medidas cautelares para su suspensión, defendiendo que es “un impuesto encubierto y el reciclaje está sobradamente pagado por los madrileños”.
Desde el Gobierno municipal, la vicealcaldesa, Inma Sanz, respondió a las críticas, calificando a Más Madrid de “hipócritas”, acusándoles de ser coautores del “sanchazo” tributario, así denominan la tasa, y defendiendo que es fruto de una imposición estatal. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, defendió que el diseño y aplicación de la misma se daba por la “incertidumbre” que generaba la falta de “instrucciones claras” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Hace una semana, la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, volvía a recordar que el equipo municipal “no estaba de acuerdo con ella, ni en fondo ni en forma”, llegando a calificar su configuración como “poco rigurosa”. Según el Consistorio madrileño, se trata de una medida impuesta por el cambio legislativo del Gobierno central, que obliga a los municipios a repercutir el coste real del servicio de gestión de residuos en los ciudadanos. Desde Cibeles critican esta tasa, aunque la propia Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, recoge explícitamente la necesidad de establecer una tasa de este tipo.
En definitiva, a partir de septiembre los madrileños comenzarán a pagar este nuevo tributo. Una tasa que se añadirá al gasto fijo de la economía de los hogares y negocios de la capital.
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