La empresa pública Tragsa, participada mayoritariamente por la SEPI y dependiente del Ministerio de Hacienda, ha citado el próximo jueves 28 de agosto a la Comunidad de Madrid y al comité de empresa de las Brigadas Forestales a una reunión tripartita en Leganés con el objetivo de abordar el conflicto laboral que mantiene en huelga a estos trabajadores.
La cita llega tras la reunión mantenida esta mañana entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y en un momento de máxima tensión, ya que los brigadistas retomarán los paros este 25 de agosto, tras diez días de suspensión ante la oleada de incendios de julio. El comité de empresa, integrado por UGT, Firet y CGT, insiste en que la huelga se mantendrá de forma indefinida “hasta que no tengamos avances claros y certezas”.
Los brigadistas denuncian precariedad, temporalidad y falta de actualización de su convenio, que no se revisa desde 2008. Entre sus reclamaciones figuran la actualización de unos salarios congelados desde 2010, el fin de la eventualidad, que afecta a un 40 por ciento de la plantilla, contratada solo cuatro meses al año, y el reconocimiento de la peligrosidad y toxicidad de sus funciones, ya que aseguran no tener protección frente a agentes cancerígenos. También exigen la mejora de las bases de trabajo, algunas en estado de abandono desde hace dos décadas, y la aplicación de la Ley 5/2024, que según el comité la Comunidad de Madrid no cumple.
Rechazo al convenio de las BRIF estatales
En paralelo, se ha puesto sobre la mesa la opción de que los efectivos de la Comunidad se acojan al convenio recién publicado en el BOE para las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. El comité rechaza esta propuesta de forma tajante: “Claramente no es una opción”, remarcan, argumentando que son servicios distintos y que la adhesión “solo crearía más inseguridad jurídica a la plantilla”.
La Consejería de Medio Ambiente, por el contrario, defiende que se trata de una alternativa “perfectamente legal” y bien valorada por varios ministerios, ya que permitiría homogeneizar condiciones de trabajo entre quienes realizan las mismas funciones.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha confirmado que renovará a Tragsa el encargo de labores de prevención, vigilancia y apoyo en la extinción de incendios forestales, cuyo actual contrato expira en diciembre. El nuevo acuerdo, que entrará en vigor en 2026, contempla un incremento presupuestario de 4 millones de euros, superando los 32 millones anuales, y prevé que los trabajadores puedan ser contratados durante los 12 meses del año.
Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 entregará al comité un plan de mejora de las bases e infraestructuras, con el objetivo de reforzar la prevención y contar con un operativo más estable y profesionalizado.
El encuentro del próximo jueves será la primera reunión a tres bandas tras meses de desencuentros y acusaciones cruzadas. El comité, sin embargo, mantiene su pulso: “Hasta que no tengamos avances claros no desconvocaremos la huelga”.
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