La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido una reunión con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades,
Emilio Viciana, y con los rectores de las universidades públicas madrileñas que le acompañan en su viaje institucional a Miami (Estados Unidos) para "recoger sus aportaciones y poder incorporarlas" a la
nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC).
Esta normativa unificará en España todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la Formación Profesional superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas y las escuelas de negocios, con el objetivo de tender puentes entre la formación y el empleo y fomentar el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional, según ha informado el Gobierno regional este domingo en una nota de prensa.
El objetivo de este viaje institucional a Miami de la presidenta de la región es atraer inversión a la región y reforzar su posicionamiento como capital mundial de los estudios en español. El Gobierno regional lleva cerca de un año trabajando en la nueva normativa para las universidades, de la que ya se conocen varias medidas, según se ha ido desgranando en los distintos borradores publicados. Hasta el momento, la negociación se ha centrado principalmente en conversaciones con los rectores.
Financiación universitaria
Uno de los aspectos más relevantes que debe afrontar la nueva ley es la financiación de las universidades públicas, que llevan meses alertando de la "asfixia económica" en la que se encuentran.
En el borrador se plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que "cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto" con "fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid".
En la parte de objetivos, ese 30 por ciento, el borrador de la ley alude a que las universidades públicas podrán constituir "fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades".
Tanto los sindicatos como la comunidad universitaria han mostrado su oposición a esta nueva ley con diversas manifestaciones --la última el pasado 22 de mayo-- y actos de protesta durante los últimos meses, porque consideran que atenta "contra la autonomía universitaria, fomenta un modelo privado de la universidad y prolonga la infrafinanciación".
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