Una operación de la Guardia Civil ha permitido desmantelar una organización criminal que se dedicaba a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante mataderos clandestinos y explotaciones ganaderas ubicados en Ávila, Toledo y Madrid. Los agentes han precintado también cuatro restaurantes que ofrecían dicha carne que era distribuida a domicilio.
Cinco personas han sido arrestadas y otras 12 están siendo investigadas por diversos delitos relacionados con la salud pública, el maltrato animal, la falsedad documental, la pertenencia a un grupo criminal y el blanqueo de capitales. Sin embargo, se anticipa que más individuos serán objeto de investigación por estos delitos.
En la operación conocida como 'Pox', se han llevado a cabo inspecciones en nueve restaurantes, de los cuales cuatro han sido clausurados de manera cautelar, así como una explotación ganadera que operaba de forma clandestina.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) han realizado siete entradas y registros, incluyendo cuatro en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos.
Se han intervenido 10.000 euros en efectivo, así como una gran cantidad de documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila durante estas actuaciones.
Animales enfermos en malas condiciones
Más de 350 animales han sido sacrificados debido a que se encontraban en condiciones extremas de inanición, así como afectados por enfermedades y malformaciones irreversibles, en el contexto de la operación.
Una explotación ganadera que operaba de manera clandestina en la provincia de Toledo era gestionada por el principal investigado, ya que no estaba registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Como consecuencia, cualquier movimiento de animales hacia o desde esta instalación resultaba ilegal.
Realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino junto a otro de los involucrados, recogiendo animales de explotaciones tanto legales como ilegales y llevándolos a la explotación clandestina. Con el objetivo de encubrir esta actividad ilícita, empleaban documentación falsificada para hacer parecer que los traslados eran legales.
Algunos de los animales eran enviados directamente a un matadero autorizado en la provincia de Ávila, donde se combinaban actividades legales e ilegales. Por otro lado, otra parte de ellos era llevada a una explotación ganadera ubicada en San Fernando de Henares que operaba como el principal matadero clandestino del sistema.
Los animales eran sacrificados en este lugar sin la debida autorización, en condiciones sanitarias muy deficientes y sin que se respetara la normativa de bienestar animal.
Productos distribuidos a través de nueve restaurantes de Madrid
La carne obtenida de estos sacrificios ilegales era distribuida por medios no autorizados. Uno de los arrestados participaba en el sacrificio de los animales y, después, se encargaba de distribuir la carne a nueve restaurantes en la provincia de Madrid. Estos establecimientos la incorporaban a sus menús e incluso ofrecían su entrega a domicilio mediante plataformas en línea.
Se ha verificado que varios de los investigados solían recoger carne de manera habitual en mataderos clandestinos, la cual distribuían entre particulares en diversas localidades de Madrid, sin ningún tipo de control ni trazabilidad.
La investigación ha desvelado que la actividad delictiva operaba dentro de una organización criminal estructurada, con varios niveles jerárquicos y donde cada miembro cumplía una función particular. Gracias a esta coordinación, lograban eludir los controles de las autoridades y aumentar los beneficios económicos derivados de sus actividades ilegales.
En las actividades de esta red se han identificado diversas prácticas fraudulentas, como el empleo de pagos en efectivo y en 'B'. Además, se observa la facturación por debajo del precio real del ganado como una estrategia para evadir impuestos, lo que representa una forma de blanqueo de capitales.
La Guardia Civil ha advertido del riesgo de propagación de enfermedades como la viruela ovina-caprina por los movimientos ilegales de ganado ovino y caprino.
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