Los desafíos urgentes de los servicios públicos esenciales

El sector de los servicios públicos esenciales afronta una encrucijada que pone en jaque su capacidad para garantizar derechos fundamentales, como la atención adecuada a las personas mayores y dependientes que necesitan ayuda para sus tareas cotidianas. En este contexto, el envejecimiento de la población y el nuevo escenario socioeconómico han puesto de manifiesto tanto la urgencia de reforzar el sistema actual de los cuidados como la necesidad de garantizar unas buenas condiciones laborales de los profesionales que los prestan. Una adecuada financiación de la Ley de Dependencia es clave para lograr ambos objetivos.

Al menos eso es lo que quedó patente en el coloquio mantenido recientemente entre Cristóbal Valderas, presidente de Clece, y Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid y socio director de Empatía. Durante el encuentro, organizado por Madridiario y moderado por la directora del medio, María Cano, Valderas expuso la difícil situación a la que se enfrentan las empresas encargadas de prestar servicios públicos esenciales de la Administración, las cuales han tenido que lidiar en los últimos años con diversos factores externos que han complicado su labor. Entre los desafíos mencionados, Valderas destacó el incremento del IPC en un 20 por ciento desde enero de 2020, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional en un 60,9 por ciento respecto a 2018 y el crecimiento de las cargas sociales debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y todo esto sin poder repercutir el correspondiente incremento del coste de los servicios a la Administración debido a la Ley de Desindexación, una normativa anacrónica que impide revisar los precios de los contratos públicos durante toda la vigencia de los mismos, lo que hace que las empresas adjudicatarias se vean obligadas a asumir sobrecostes por circunstancias ajenas a su propia gestión.

El presidente de Clece subrayó la importancia de modificar o derogar normativas como esta ley, la cual genera "incertidumbre" a la hora de presentar ofertas en los procesos de licitación para la gestión de servicios esenciales. Reyero coincidió con esta visión y enfatizó que la Ley de Desindexación “no tiene sentido en el sector social”, hasta el punto de que para las pequeñas empresas que trabajan con la Administración supone un riesgo económico que podría llevarlas al cierre.

El futuro de los cuidados

El coloquio dejó clara la urgencia de garantizar una financiación estable para asegurar el futuro del sector de los cuidados en España. Tanto Valderas como Reyero coincidieron en que la dependencia debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política y presupuestaria, ya que su correcto desarrollo es clave para evitar el deterioro en la calidad del servicio y la precarización del empleo en el sector. En un contexto de envejecimiento de la población y creciente demanda de atención, las decisiones que tomen las administraciones en los próximos años serán determinantes para garantizar el cuidado de las personas mayores y dependientes. De momento, cada día fallecen 98 personas esperando a recibir unos cuidados a los que tienen derecho.

Ante el problema de la infrafinanciación de la Ley de Dependencia, Valderas propuso diversas soluciones para evitar la frustración generada por el incumplimiento de las expectativas iniciales de la normativa. En primer lugar, insistió en la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Dependencia, con el fin de blindar el sector de los cuidados a largo plazo, sin importar qué partido político gobierne en el país o en cada comunidad autónoma. Asimismo, instó a la Administración General del Estado a cumplir su compromiso de financiar el 50 por ciento del coste de los cuidados, dado que, a día de hoy, solo cubre el 39 por ciento. "El modelo actual de la Ley de Dependencia es insuficiente y no cubre las necesidades reales de los ciudadanos. Debería centrarse en las necesidades del usuario y no en la burocracia", aseguró Reyero.

Otra medida sugerida fue reasignar partidas presupuestarias para compensar la falta de financiación en el sector de los cuidados. Asimismo, ambos participantes destacaron la importancia de que la Administración Pública refuerce su compromiso con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), sobre todo en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde en muchos casos representa la principal fuente de empleo.

El debate no solo giró en torno a la financiación, sino también a la eficiencia en la gestión y la necesidad de una mayor planificación estratégica. Un punto clave abordado fue la relación entre la inversión en dependencia y su impacto en la generación de empleo. Según Valderas, cada millón de euros invertido en atención a la dependencia genera 41 empleos directos. Además, si estos trabajadores provienen del desempleo, el ahorro en prestaciones podría alcanzar los 574.000 euros anuales. Considerando que el 41,7 por ciento de la inversión en dependencia regresa a las arcas públicas en forma de impuestos y cotizaciones, cada millón de euros destinado a este sector genera un retorno de 417.000 euros. Sumando este retorno al ahorro en prestaciones por desempleo, la Administración recuperaría casi el cien por cien de su inversión en el cuidado de personas mayores y dependientes.

Por su parte, Reyero puso en valor la colaboración público-privada en la prestación de estos servicios. “La Administración debería tratar a empresas como Clece como socios estratégicos, con los que debe mantener una relación de confianza. Se ha priorizado demasiado premiar solo la oferta económica más baja, lo cual es un grave error frente a proyectos que ofrecen sostenibilidad y calidad a largo plazo”, afirmó el exconsejero.