El Grupo Municipal que lidera Javier Ortega Smith reclamará medidas concretas para facilitar la adquisición del derecho de superficie a los madrileños del Plan 18.000 de vivienda. Vox pone especial atención en "aquellos que debido a su avanzada edad no pueden acceder a financiación bancaria".
En la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que se llevará a cabo este lunes, Vox exigirá al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que ofrezca "una solución viable y justa". Además, solicitará "que se reduzca el periodo de transmisión del derecho de superficie de quince a cinco años, en especial a los afectados por problemas de salud", siempre que estos puedan acreditarlo.
El último Pleno ordinario del anterior mandato, celebrado en abril de 2023, la Corporación alcanzó un acuerdo unánime para definir una solución al Plan 18.000, lo que permitía a los titulares del mismo quedar exentos de la prohibición de vender viviendas, tal como indicaban los Pactos de la Villa, surgidos durante la pandemia.
El nombre del Plan 18.000 proviene de un programa implementado por el Ayuntamiento de la capital en los años 90, cuyo objetivo era edificar viviendas protegidas en terrenos públicos. De esta manera, la ciudadanía solo obtenía un derecho de superficie por un tiempo determinado, en lugar de la propiedad total.
Desde el inicio, la plena propiedad de sus viviendas fue solicitada por los superficiarios a través de la compra de la cuota de suelo que les correspondía. Esta adquisición se refería a las viviendas, locales comerciales y garajes, en proporción a las cuotas que cada uno de estos inmuebles tiene asignadas en los elementos comunes de los edificios construidos sobre las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.
En 1992 y posteriormente en 2009, se brindó a los adjudicatarios la oportunidad de adquirir la parte proporcional del terreno que les correspondía según la división horizontal. La enajenación directa y onerosa estaba regulada por el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, el cual fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2012.
En mayo de 2013, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas durante la Alcaldía de Ana Botella. Este documento estuvo en vigor hasta el 30 de enero de 2018, cuando Manuela Carmena lideraba el equipo de Gobierno, que decidió no prorrogar los pliegos.
Los Pactos de la Villa
El interés de los superficiarios por obtener su parte del suelo para asegurar su plena propiedad llevó a la aprobación de un nuevo pliego en el primer mandato de Almeida. Esta medida, que fue consensuada en los Pactos de la Villa y sugerida por la oposición, establece que el Ayuntamiento de Madrid no podrá enajenar bajo ninguna circunstancia suelo o vivienda destinados a protección pública, asegurando así que estos bienes permanezcan como patrimonio y titularidad de todos los madrileños.
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