El colegio Ramiro de Maeztu consiguió hace unas semanas que se suspendiera el proyecto de Escuela Europea Acreditada (EEA) que planeaba la Comunidad para el centro. Lo confirmó el propio consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que sin embargo anunció que a pesar de que ya no se llevaría a cabo este proyecto sí se acometerían obras de mejora y ampliación de instalaciones en el colegio "con pleno respeto por su condición de edificio protegido" y con las autorizaciones necesarias.
Esto, en principio, habría de ser una buena noticia para el Ramiro de Maeztu, pues se evitaba el proyecto de EEA al mismo tiempo que se conseguía lo que tanto tiempo llevaban pidiendo: obras de mejora en el edificio. Una reforma que, según cuenta Mario Cordero, portavoz de la organización ‘RamiroNoCabemos’, ya se exigía cuando él todavía era un alumno: “El edificio tiene muchas carencias”.
"Querían demolerlo todo para construir más aulas"
Sin embargo, Mario cuenta que las obras se recibieron con cierto escepticismo debido a la opacidad de la administración, de la que apenas recibieron información sobre el proyecto. “La dirección nos enseñó a un grupo un par de planos fotocopiados en los que apenas se veía nada”, cuenta el portavoz. Tiempo después, fueron descubriendo que las obras que se iban a hacer eran las mismas que se contemplaban para la implantación de las escuelas europeas, a pesar de que este programa ya estuviera descartado. Lo que se sabía del proyecto, explica Mario, planteaba además algunas preocupaciones: “Querían convertir en ‘espacios pedagógicos’ cuatro cubiertas pensadas sólo para acceso de personal de mantenimiento, es decir, para soportar una carga de peso mínima. Nos preocupaba mucho también el salón de actos, que tiene unos bancos plegables originales de 1934, muy valorados por su diseño (entonces innovador) y su exclusividad, y querían demolerlo todo para convertir el espacio en aulas”.
El día 2 de julio llegaron los primeros obreros al colegio y comenzaron las obras. “Durante la primera semana –narra Mario– empezaron a demoler las plantas superiores pero, por suerte, con la ayuda de la dirección facultativa, conseguimos presionar para que el salón de actos no se tocase y lo dejaran para más adelante”. Fue entonces cuando desde la plataforma se pusieron en marcha. Hasta ahora no lo habían podido hacer porque la Comunidad nunca llegó a publicar una orden de implantación de las escuelas europeas, por lo que no tenían nada contra lo que recurrir: “En el momento de iniciar las obras ya tuvimos todas las pruebas necesarias para poder presentar un recurso contencioso administrativo por la vía de los hechos en el TSJ”. En paralelo fueron mandando a la Fiscalía de de Medio Ambiente y Urbanismo la documentación que encontraban.
Marcha atrás en las obras
“Dimos con un acta de la Comisión de Patrimonio, celebrada el 31 de mayo, que autorizaba obras exteriores e interiores y varias demoliciones, entre ellas la del salón de actos. Esto nos puso sobre aviso. Más tarde, en junio, se volvió a reunir la Comisión y el propio asesor que había asistido a la anterior reunión dijo que en ningún momento se habían autorizado las obras en el interior”. Todo esto, explica Mario, se fue enviando a la Fiscalía, que aunque no accedió a la petición de medidas cautelares, si aceptó a trámite la demanda.
"Todo apunta a una reconstrucción"
Lo llamativo de esta historia es que el 8 de julio, apenas seis días después del inicio de las obras, sólo fueron al colegio dos o tres albañiles y las labores de construcción se frenaron. Mario insiste en que no disponen de ninguna confirmación oficial, pero que en la cafetería del instituto algunos profesores y camareros oyeron a los trabajadores de la obra quejarse de que les habían ordenado reconstruir todo lo demolido por “falta de financiación”. “Ya te digo, confirmación oficial ninguna, pero todo cuadra: los tipos de materiales que estaban trayendo de nuevo a la obra son más acordes a la reconstrucción que al proyecto nuevo. Han vuelto a meter ladrillo, que es el material del que eran los tabiques antiguos”, explica Mario.
Además, el portavoz de la plataforma 'RamiroNoCabemos' informa de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo confirmó que habían iniciado diligencias preprocesales y una investigación: “Nos dijeron que se estaba haciendo una investigación para ver si se estaba violando alguna ley, que era la idea que teníamos nosotros. Sobre todo porque se estaba siguiendo un proyecto de obra basado en un programa (el de la EEA) que ya no se iba a implantar”. La Consejería de Educación reconoce que se ha dado marcha atrás a las obras porque, inicialmente, “atendían a la adecuación del centro para poner en marcha la Escuela Europea Acreditada” y que “al haberse reproyectado, la Comunidad tiene que analizar con el centro los pasos a seguir”. No obstante, de ser así, las obras atenderían a la puesta en marcha de las escuelas europeas, cuando el consejero Emilio Viciana anunció que se desarrollarían a pesar de anular el programa EEA. Del mismo modo, las obras comenzaron el 2 de julio, más de diez días después de que se anulara el programa sobre el que se construyó el proyecto.
La plataforma 'RamiroNoCabemos' ha difundido un comunicado en el que asegura que las únicas obras previstas, de acuerdo con la documentación a la que han tenido acceso, han sido "las de construcción de seis aulas para la EEA, con un importe de más de 934.406,59 euros no previsto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2024". Añaden que "la propia memoria de impacto normativo de la orden de implementación de los estudios europeos, suspendida por irregularidades de procedimiento desde el 24 de mayo de este año, preveía la realización de las obras de acuerdo al capítulo 63100 relativo a obras de reposición y mejora, no de obra nueva o ampliación" y entienden que esto "constituye un incumplimiento de la Ley de Presupuestos".
El AMPA solicita obras acordes a las necesidades del colegio
Mario reconoce que existen una serie de “peculiaridades” que dificultan que se hagan las obras que el instituto quiere: el edificio está protegido por estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es propiedad de la Comunidad de Madrid y no del Ayuntamiento, como otros colegios, y esto hace que sea difícil autorizar las obras. “Pero nos duele que después de estar 30 años pidiendo obras sin que nos hagan caso, las autoricen para implantar el proyecto de las escuelas europeas”, añade. “Más allá de que las obras sean más o menos maravillosas, legales o ilegales, no son las que necesita el centro”.
El AMPA del colegio ha remitido una carta a la consejería en la que se entiende que "lo correcto sería modificar el proyecto, comenzando por su título, y adaptarlo a las necesidades (...) que desde hace muchos años, venimos observando y que es preciso atender para preservar la seguridad de las instalaciones y mejorar la calidad de la enseñanza que se presta en el mismo". Estas necesidades se han detallado también en un documento, en el que se explica la conveniencia de reformar determinados servicios del centro, como los aseos ("están envejecidos, funcionan deficientemente y están propiciando humedades en los paramentos"), el sistema de calefacción ("hay días con temperaturas muy bajas en el centro en invierno"), la instalación de electricidad ("elementos envejecidos como enchufes en varias dependencias") o el saneamiento de humedades.
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