Pese a que la actualidad política en la Comunidad de Madrid viene marcada, desde hace semanas, por el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, la sesión de control al Gobierno en el Pleno que se celebra este jueves en la Asamblea de Vallecas ha terminado por convertirse en un monográfico sobre la situación de la vivienda en la región. Frente a las críticas de la oposición, Isabel Díaz Ayuso ha respondido aterrizando una de las medidas ya avanzada en su 'Pacto Regional por la Vivienda', el cambio de uso de edificios y parcelas destinadas a oficinas para que pasen a ser hogares. Una iniciativa que será finalmente llevada a la práctica a través de una nueva ley. Asimismo, la jefa del Ejecutivo ha anunciado la eliminación de planes especiales de infraestructuras con el objetivo de agilizar nuevos proyectos de vivienda pública.
Pese a las más que evidentes diferencias ideológicas entre los partidos que configuran la oposición en Entrevías, todos ellos han coincidido en poner el foco sobre los debes –fundamentalmente sobre los retrasos en los plazos de construcción y entrega– de la medida estrella en la bautizada como “legislatura de la vivienda”: el 'Plan Vive'. Las recetas para dar la vuelta a la tortilla son, sin embargo, bien distintas. Mientras desde Vox abogan por la liberalización masiva del suelo y la reducción de impuestos que gravan la vivienda, las fuerzas progresistas, Más Madrid y PSOE-M, apuestan por la aplicación de la legislación estatal en la materia, lo que permitiría a los municipios declarar “zonas tensionadas” y, en último término, intervenir el mercado para regular los precios del alquiler.
"No se atreven a liberalizar el suelo"
“De las 25.000 viviendas que prometió con el 'Plan Vive' ha entregado 435. Ocho de cada diez jóvenes no se pueden emancipar porque no les llega el salario. Mientras tanto, ustedes votan en contra de bajar impuestos y les dan todas las ayudas sociales a los “tan españoles como Abascal”. No se atreven a liberalizar el suelo que no esté protegido por razones medioambentales o de patrimonio y tardamos hasta diez años en disponer de él. Así es imposible”, ha aseverado Rocío Monasterio. La réplica a cargo de la máxima mandataria regional viraría, sin embargo, hacia el ámbito estatal, con Pedro Sánchez como actor protagonista: “Celebro que ahora se erija en portavoz de Sánchez, que promete decenas de miles de viviendas cada día. En Madrid siempre ha habido un problema de vivienda, agudizado ahora porque hay mucha demanda y crisis de oferta. Ustedes son parte del problema porque bloquearon numerosos desarrollos urbanísticos en la capital”.
Acto seguido, Díaz Ayuso aprovecharía su tiempo de respuesta para lanzar dos “nuevas medidas” que fomenten la oferta inmobiliaria. Por un lado, la puesta en marcha de una iniciativa legislativa encaminada a que “edificios de oficinas y parcelas destinadas a tal fin puedan transformarse rápidamente en viviendas asequibles”. Aunque aún no se había concretado el modus operandi para su ejecución, esta idea figuraba ya en el “plan de choque” presentado por la propia presidenta a mediados del mes de febrero, durante su participación en el reactivado foro de colaboración público-privada 'Pacto Regional por la Vivienda'. Por otro, la reducción de cargas y tiempos en los desarrollos de nuevos proyectos de vivienda pública eliminando los planes especiales de infraestructuras, lo que supondría, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, un adelanto de hasta ocho meses.
“Hacemos toda la oferta posible y liberamos el suelo posible dentro de las limitaciones que tenemos. Hemos modificado la Ley del Suelo en una región donde el 50 por ciento es protegido y hemos impulsado una importante liberalización del mismo con desgravaciones fiscales por la compra o por alquiler de viviendas, bonificaciones para transmisiones y actos públicos documentados para menores de 35 años en los municipios más pequeños, la actualización del precio de la vivienda de protección pública con nuevos planes de alquiler… Lo que más nos está afectando ahora mismo es la normativa estatal, una elevada inflación, los tipos de interés más elevados, la creciente inseguridad jurídica que no promueve la Comunidad de Madrid ni de lejos…”, ha argumentado.
Como cabía esperar, Más Madrid y PSOE-M también han hurgado en la herida del 'Plan Vive' al poner de manifiesto lo bajo de su ritmo de ejecución y la subida de los precios establecidos en primera instancia. “En 2019 dijo que construiría 25.000 viviendas urgentes con alquileres entre los 300 y 600 euros. En 2024 solo ha construido un dos por ciento de lo que prometió, con un alquiler que, además, es más alto. He hecho cuentas y, al ritmo que va, tardará 250 años en cumplir”, ha lanzado Juan Lobato. Frente a las dificultades sobrevenidas, el portavoz socialista pone sobre la mesa la necesidad de complementar el Bono Alquiler Joven del Estado con hasta 100 euros procedentes de las arcas madrileñas, aumentar las ayudas para familias vulnerables y alcanzar un pacto por la vivienda “de verdad”, que incluya a los ayuntamiento y al Gobierno de España: “Le pido que acepte declaración de zonas tensionadas de los municipios que se lo están pidiendo”.
"Es la legislatura de la vivienda para grandes propietarios, especuladores y comisionistas"
Manuela Bergerot, por su parte, ha incidido en las “deficiencias” de las viviendas del 'Plan Vive' entregadas en Alcorcón. “Su política no garantiza acceso vivienda porque para usted no es un derecho, sino un negocio. No ha entregado ni siquiera el uno por ciento de las viviendas que prometió. Tarde, mal y a precio de mercado, porque a los inquilinos se les cobra hasta el IBI, algo ilegal, y ustedes lo permiten. En Alcorcón hemos encontrado suelos desnivelados, goteras, filtraciones... A que usted no se iría a un piso en esas condiciones (…). Vivir de alquiler en Madrid es un factor de riesgo. Está siendo la legislatura de la vivienda, pero para usted, los grandes propietarios, los especuladores y los comisionistas. Para los madrileños de a pie su política de vivienda es una estafa”, ha señalado.
Puesto que, como suele decirse, dato mata relato, Díaz Ayuso optaría por contradecir la exposición de sus detractores con las cifras de vivienda adjudicada hasta la fecha en el marco del 'Plan Vive', un total de 1.912 según la Comunidad. De ellas, 944 se repartirán entre los municipios de Aranjuez (400), Navalcarnero (318) y Villalbilla (226), tal y como aparece recogido en el Portal Contratación regional. Las 968 restantes ya fueron asignadas a principios de año en Arganda del Rey (223), Humanes de Madrid (50), Torrejón de la Calzada (64), Moralzarzal (82), Daganzo de Arriba (176), Velilla de San Antonio (153), Colmenar Viejo (110) y Navalcarnero (110).
Como colofón, la presidenta no ha dudado en reiterar su negativa a aplicar la Ley de Vivienda estatal. “No pienso aplicar una ley pactada con Bildu y que está hundiendo la oferta en aquellos lugares donde se está aplicando, como en Cataluña. No estoy aquí para tensionar absolutamente nada. Lo único que consigue esta norma es fomentar los pisos vacacionales porque a los dueños les da pavor sacarlos al mercado del alquiler”, ha zanjado.
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