Asociaciones vecinales y ecologistas se vuelven a concentrar este viernes para alertar sobre las "irregularidades" que han detectado en el proyecto modificado de ampliación de la línea 11 de Metro. Lo harán a las 19 horas en la Glorieta de Atocha, según ha informado la Federación Regional de Vecinos de Madrid.
Estas entidades ya presentaron alegaciones en verano al trámite de evaluación ambiental simplificada apuntando que se trataba de "un movimiento deliberado por parte de la Administración pública para justificar las ilegalidades por la vía rápida e ignorar los procedimientos judiciales abiertos".
El pasado martes se emitía la Declaración de Impacto Ambiental Simplificada (DIAS), tras desestimar las alegaciones presentadas, donde la vecindad detecta "las mismas irregularidades". "El proyecto ambiental se ha tramitado como una modificación del proyecto constructivo anterior, que alteraba sustancialmente el proyecto aprobado sin haber seguido los cauces adecuados y sobre el que existe un procedimiento judicial abierto", han apuntado.
El proyecto aprobado esta semana "incrementa gravemente el daño ambiental y las talas respecto al proyecto de 2020: de las 79 talas recogidas en la DIA original se eleva el número a 676 en el proyecto actual, un 856 por ciento más, y de casi 10.000 m2 de afección a zonas verdes, ahora se van a arrasar más de 48.000 m2", han cuantificado.
Esto se debe "a las decisiones de ubicar la estación de Madrid Río en pleno Parque de Arganzuela, localizar las instalaciones de la tuneladora en el parque de Comillas, que pretenden destruir, o proyectar una subestación eléctrica en los Jardines de Palestina".
"Solo tras las denuncias vecinales, la Dirección General de Planeamiento del Ayuntamiento envía en septiembre de 2023 un informe reconociendo que las normas urbanísticas prohíben la construcción de la estación de Metro Madrid Río en el parque de Arganzuela, un año después del inicio oficial de las obras", han subrayado.
Para "esquivar esta ilegalidad" la Comunidad de Madrid, con la "complicidad del Ayuntamiento", se ha "amparado en el artículo 163.5 de la Ley del Suelo alegando que es urgente y de interés general". Para el movimiento No a la Tala es "un procedimiento opaco de dudosa legalidad, con similitudes a los aplicados inadecuadamente para justificar proyectos como el desdoblamiento de la M501 o el campo de golf de Chamberí, que fueron anulados por la Justicia precisamente por esto".
Insisten en que, como mínimo, se debería aprobar el Plan Especial antes de ejecutar las obras. También han solicitado una mediación al Banco Europeo de Inversiones, que está investigando el caso.
Y "para evitar que se repitan casos como el de San Fernando de Henares, las comunidades vecinales afectadas solicitan que no se inicie la obra hasta que todos los informes y documentos estén finalizados".