El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado hace un año por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el anexo de la 'Ley Celaá' que regula las enseñanzas mínimas en Bachillerato. El Gobierno regional alegaba que "conlleva una gran carga ideológica”, "deja de lado" aspectos que el Ejecutivo regional considera "esenciales" para la educación de los alumnos y es tan exhaustivo que no le queda margen para complementar las enseñanzas mínimas en el ejercicio de sus competencias autonómicas.
En contra de esos argumentos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una ponencia del magistrado José Luis Requero, ha desestimado la impugnación al considerar que la ley no "agota" las competencias autonómicas en la materia y le da margen al Gobierno regional para complementar las enseñanzas mínimas fijadas.
"La Comunidad mal puede reprochar al anexo II una exhaustividad, que ahoga la posibilidad de ejercer sus competencias, cuando ha dictado el Decreto 64/2022 citado por la Abogacía del Estado, norma que silencia y por la que ha establecido la ordenación y el currículo del Bachillerato".
"Aun sobre los ejemplos que selecciona, podría habernos ilustrado en qué medida no habría podido complementar la norma estatal, y lo cierto es que en el preámbulo de su decreto (...) expone que con tal disposición ejerce cumplidamente su competencia con pleno respeto a los principios de buena regulación", reprocha la sala.
También echa en cara al Gobierno de Ayuso que "su iniciativa probatoria se ciña a que se tenga por reproducido el expediente administrativo y a hacer un espigueo para extraer algunos ejemplos de materias que evidenciarían la completitud de la regulación impugnada".
"Ese espigueo se torna inadecuado por la diversidad de materias y porque el reproche no se basa en aspectos objetivables, captables sin especiales conocimientos sobre cada materia, sino que afecta a contenidos que exigirían de la actora una prueba en la que unos expertos ilustrasen que esos contenidos son, como afirma, agotadores. Lejos de asumir tal carga, lanza a la consideración de la Sala toda esa masa de materias, con sus contenidos mínimos y criterios de evaluación", indica.
Asimismo, el Supremo hace alusión a lo que "parece atisbarse" como otro de los motivos de impugnaciones, además de la presunta invasión de su ámbito competencial, esto es, los supuestos "sesgos ideologizantes en alguna de las materias del anexo II que más se prestarían a ello como 'Historia de España' e 'Historia del Mundo Contemporáneo'".
No obstante, señala que, "de ser cierta esa suposición, y viendo cómo la Comunidad ha completado las enseñanzas mínimas con su Decreto 64/2022, no solo silencia que no haya podido completarlas sino, además, reorientarlas hacia planteamientos neutrales". "Y es en esas materias en las que alguna utilidad probatoria habría tenido las observaciones de la Real Academia de la Historia que, sin embargo, silencia", reprocha el magistrado.
CCOO ve en el fallo un "varapalo" al "discurso y línea política" de la Comunidad
El sindicato CCOO considera que el fallo del Tribunal Supremo supone "un varapalo" al "discurso" y la "línea política" del Ejecutivo autonómico.
En un comunicado, el sindicato subraya que el fallo "evidencia" que la Comunidad "ha utilizado y sigue utilizando la educación como arma de confrontación y oposición política" al Gobierno central, en vez de "ocuparse de los problemas reales, del sistema educativo en la Comunidad de Madrid".
Para Comisiones Obreras, el Gobierno del Partido Popular en Madrid "lleva décadas aplicando su política de privatizaciones, segregación escolar y recortes a la escuela pública", con "resultados nefastos", sobre todo "en lo que se refiere a desigualdad", un indicador en el que "Madrid se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas y al nivel de los países con peores resultados en cohesión".
El sindicato ha acusado a Díaz Ayuso de mantener "esa utilización de la educación" para "favorecer el negocio económico e ideológico" que se mueve en torno a ella, pero "ha encontrado otro uso que ha aprovechado en todas las ocasiones que se han presentado", como es "la educación como arma de confrontación política, batalla ideológica y oposición al Gobierno de España", estrategia que, a juicio de CCOO, "ha quedado en evidencia tras conocer los argumentos del Tribunal Supremo para desestimar el recurso que el Ejecutivo regional puso contra el Real Decreto que regulaba el currículo básico para todo el Estado, (RD 243/2022) que coincidió en el tiempo con el desarrollo y aprobación del Decreto con la regulación madrileña de la etapa.
Para Comisiones Obreras, el Gobierno de Ayuso "queda retratado" en una sentencia que "dice que Madrid silenció la existencia de una norma autonómica y que tampoco documentó ni presentó pruebas", sino "un reproche general a la norma estatal extrayendo ejemplos, pero sin asumir la responsabilidad de probar esos reproches y lanzando toda esa masa de materias, con sus contenidos mínimos y criterios de evaluación".
CCOO de Madrid ha recordado que ya planteó en la fase de elaboración del decreto autonómico "lo absurdo de este recurso" y que "se estaba utilizando la regulación del currículo para avivar un enfrentamiento convirtiendo la educación en campo de batalla". "Ahora queda claro que el recurso no respondía a razones objetivas, sino que no era más que el escenario para desplegar sus críticas", apunta el sindicato.
Así, el comunicado denuncia el uso "sesgado y partidista" que "ha convertido la educación en un arma de los intereses políticos del PP" y ha exigido a la Comunidad de Madrid que "respete la normativa estatal y se ocupe de los problemas reales de la educación madrileña", como son, a su juicio, "la elevada segregación" fruto de "una privatización disparada, la falta de apoyos al alumnado que lo necesita, la desigualdad, el bajísimo nivel de inversión y de coste del alumno o alumna y la falta de plazas públicas en las etapas no obligatorias".
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