El alcalde de Colmenar Viejo y 'número 48' en la lista de Isabel Díaz Ayuso, Jorge García Díaz, ha defendido su inocencia en el juicio que ha comenzado este lunes y al que se enfrenta, junto a otros once concejales de distintas corporaciones, por una licencia de primera ocupación que otorgó para la construcción de una vivienda a pesar de que había un informe desfavorable.
El caso del alcalde y del actual concejal de Urbanismo, Carlos Blazquez, se refiere a una licencia de obras otorgada por la Junta de Gobierno para la construcción de una vivienda unifamiliar en el municipio. Según el fiscal, había un informe desfavorable por haberse observado que la rampa de acceso al garaje tenía una pendiente del 23,43 por ciento, superando el límite máximo del 20 por ciento. Según el alcalde, esta diferencia era "insignificante" e "imperceptible", sin que modificara los parámetros urbanísticos aplicable a la parcela ni afecta a la estructura general del PGOU.
La otorgación de la licencia vino sujeta a un informe favorable del 26 de enero de 2012 emitido por el ingeniero municipal. El arquitecto contratado por la parte interesada expuso la imposibilidad de la materialización de la rampa del garaje con una pendiente única de un 20 por ciento ante la posibilidad de que los coches se golpearan en los bajos.
Por estos hechos, el alcalde y Carlos Blazquez se enfrentan a una pena de dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio. Carlos Blazquez es el candidato del PP a la Alcaldía. Entre los acusados, figuran los exalcaldes Miguel Ángel Santamaría y José María Federico.
En las cuestiones previas, la defensa de Jorge García ha reclamado a la Sala que se suspenda la vista al tratarse de 'cosa juzgada' al haber ya tres casos (dos sentencias y un auto de archivo) relativos a los mismos hechos, si bien se trata de diferentes expedientes. Otra de las defensas ha alegado que el delito estaría prescrito.
En su escrito de acusación, el fiscal reclama para cuatro ediles la pena de tres años y seis meses de prisión, además de otros diez años de inhabilitación por el mismo delito.
El regidor alega que se intentó "no perjudicar a nadie"
En su declaración, el alcalde ha señalado que votó a favor de la licencia a pesar del informe en contra ya que si se hubiera cambiado no se hubiera podía acceder el garaje y se hubiera tenido que tirar la vivienda. "Cuando se votó a favor de la licencia, se tiene en cuenta el criterio de proporcionalidad y se intenta no perjudicar a nadie", ha subrayado el regidor quien ha incidido en que si la rampa fuera del 20 por ciento el coche no podría entrar.
La mayoría de los concejales han manifestado que desconocían la existencia de informes desfavorables sobre determinados aspectos de las licencias otorgadas. Al no ser vinculantes, seguían instrucciones del departamento de Urbanismo al priorizarse dictámenes de proporcionalidad y corregir los defectos "cuando el asunto era menor y la corrección era muy mayor".
Carlos Blazquez, actual concejal de urbanismo, ha señalado en relación a su caso relativo a una rampa de garaje que superaba la inclinación máxima permitida que el municipio hay calles que superan la pendiente adecuada, lo que genera conflictos a la hora de las mediciones de los técnicos municipales.
"Los técnicos no saben desde dónde tiene que medir las cosas. Se trabaja actualmente en adaptar los sitios donde se tiene que medir. Se ha intentado clarificar para que los técnicos sepan donde medir", ha explicado.
En enero de 2022, el Juzgado de lo Penal número 11 de Madrid absolvió al alcalde, a dos de sus antecesores en el cargo, a dos concejales y a siete exediles de un delito continuado de prevaricación urbanística del que habían sido acusados por la Fiscalía en relación a dieciséis expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación.
El escrito de acusación señala que los miembros integrantes de las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo se pusieron de acuerdo entre los años 2006-2012 para otorgar de forma "reiterada" licencias urbanísticas, "especialmente de primera ocupación", a distintos promotores.
Según el fiscal, se hizo pese al incumplimiento de la normativa urbanística, una circunstancia que había sido puesto de manifiesto por los correspondientes informes técnicos y jurídicos, "consintiendo así los acusados el mantenimiento y persistencia de construcciones con dichas irregularidades urbanísticas".
La Fiscalía sostiene que "los acusados no tomaron medidas para la subsanación de las infracciones urbanísticas en los treces casos en que se les pusieron de manifiesto en otros tanto informes técnicos y jurídicos". Aún así, solo en cuatro supuestos dieron traslado del expediente al Departamento de Disciplina Urbanística.
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