El ‘Caso Funeraria’ llega a la Audiencia Provincial

El fiscal acusaba a el ex diputado regional Luis María Huete, a los dos ex concejales del PP del Ayuntamiento de Madrid Simón Viñals y Antonio Moreno, al presidente de Funespaña y otras cinco personas más de alterar precios, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y falsedad documental, por lo que pedía un total de 82 años de prisión para los nueve encausados. 

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid tenía previsto reanudar el juicio el 7 de mayo. Sin embargo, ante la ausencia de uno de los imputados, el holandés Jan Marie Baptiste Rouppe Van der Voort, la Audiencia decidió suspender el juicio el día 7 y aplazarlo hasta el 4 de junio. La defensa de este procesado manifestó ante la sala que "ha sido imposible localizarlo", razón por la que el fiscal, las defensas y las acusaciones particulares solicitaron la suspensión de la vista oral.

El juicio prosiguió con las declaraciones del ex diputado ‘popular’ Luis María Huete; el presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo Fernández; el ex presidente de la Empresa Funeraria de Madrid, Simón Viñals; el consejero delegado de Funespaña, Ángel Valdivia; el corredor de comercio Ignacio de la Mora o el asesor fiscal Ricardo Guindos.

Tras el paréntesis vacacional, se reanudó el juicio con la declaración del ex interventor del Ayuntamiento de Madrid Vicente Arnau. El 19 de septiembre le llegó el turno de declarar al ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, que sostuvo ante el juez que ningún asesor municipal vetó la venta de la funeraria.

El fiscal pidió a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial la anulación de la privatización de la funeraria. "Se deben reintegrar al Ayuntamiento de Madrid las acciones de la Empresa Mixta, así como el valor real de dichas acciones, [...] los dividendos obtenidos por Funespaña, las retribuciones que hayan tenido los acusados de la Empresa Mixta y la participación en los beneficios antes de impuestos", pidió en su acusación definitiva, y demandó "la nulidad de los acuerdos municipales por los que se convocaba la licitación".