El centro comercial Ermita del Santo, en el distrito Latina, podría quedar pronto reducido a escombros con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid a la que ha dado luz verde el Ayuntamiento. De ponerse en marcha el proyecto que plantea recalificar el terreno en bloques de viviendas de hasta 28 pisos y 84 metros de altura, el barrio quedaría sumido en unas obras que quizá se prolonguen unos cinco años, según estiman los técnicos a los que han consultado los vecinos. Tras semanas de protestas, el Consistorio convocó este lunes 14 de noviembre una jornada abierta para explicar la propuesta. Pero el encuentro no ha servido para calmar los ánimos. Los ciudadanos mantienen su oposición, y denuncian sentirse “ignorados” por un Consistorio que “prima el interés de los inversores”. “Llevan negociando con la propiedad desde 2020 y nos lo han ocultado”, reivindica uno de los portavoces de la asociación vecinal Puerta del Ángel, Ángel León.
Los vecinos critican que la media hora con la que contaron para hacer sus alegaciones y preguntas no fue suficiente, y “la mayoría se quedó sin poder opinar”. Además, aseguran haberse enterado del proyecto hace apenas dos meses y gracias a la publicación de la noticia en un medio de comunicación. Por su parte, fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano aclaran que “hubo quienes no quisieron escuchar, pero también muchos se acercaron al final para decirnos que les parecía bien que se hiciera”. El proyecto está en fase inicial, en estudio de las alegaciones, por lo que pueden incorporar las mejoras que consideren.
El único deseo de los afectados es que se mantenga la edificación existente, y no se destruya ni se modifique para uso residencial, lo que consideran una “alteración brutal”. Si la respuesta de la Administración a las más de 700 alegaciones que se han presentado no es favorable, y el Consistorio mantiene su propuesta, las asociaciones vecinales ya han avanzado que llevarán el asunto a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para tratar de paralizar el proceso.
El concejal delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, defendió en septiembre que la capital ganará parcelas para construir vivienda protegida y zonas verdes. Asimismo, trasladó que buscan "dar solución en el expediente a un problema conocido en el avance del Plan General de 2013 sobre un gran espacio de 49.000 m2 destinado a dotacional privado, obsoleto, con impacto negativo en la comunicación de la zona y que no atiende la necesidad de vivienda y servicios". Desde el área insisten en que se trata de una actuación de regeneración urbana, de conexión de las zonas verdes existentes, con zócalo para comercio de proximidad y dotaciones públicas. “En la actualidad, el suelo es de titularidad exclusivamente privada y, con esta actuación, el 75 por ciento pasaría a ser público”, proclaman.
Los afectados alertan del “impacto” del proyecto
El proyecto plantea recalificar el centro comercial y construir cerca de 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo y bloques de hasta 28 pisos de 84 metros de altura y 600 viviendas, de las que 157 serán de titularidad municipal, para “alquiler asequible”. “Es un 27 por ciento, mucho más de lo que marca la Ley”, recalca la Concejalía de Desarollo Urbano.
Esto supone para los vecinos un “enorme impacto” de población, tráfico rodado y contaminación. Dicen que el incremento del número de habitantes colapsaría los dos barrios, Los Cármenes y Puerta del Ángel, que están “completamente infradotados de servicios”, sin institutos, bibliotecas o centros culturales: el centro de salud más cercano “ya no admite más personas” y las derivan a otro que “está a kilómetros”, de acuerdo con León.
A ello se une el efecto medioambiental que genera el proceso de destrucción, demolición y construcción. “Si se lleva adelante, este impacto súper negativo sería de varios años”, garantiza uno de los integrantes de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ecologistas en Acción, Luis Suárez-Carreño.
Esta propuesta también podría plantear una alteración del paisaje y la fisonomía del entorno, al triplicar la edificabilidad actual y casi doblar la de los ámbitos residenciales colindantes. Los edificios más altos de los barrios no superan las diez plantas: si se hace el proyecto, se instalarían unas torres de 28 y 22 plantas. “Es absolutamente disparatado y un despropósito, se sale de escala”, advierte Suárez-Carreño. Pero desde el área exponen que los dos edificios estarán situados alejados de las edificaciones existentes y contarán con todos los estudios de soleamiento que “muestran que no afectará al resto”.
El Ayuntamiento de Madrid les ha prometido que “se ampliarán las instalaciones deportivas”
Y es que para los vecinos no son precisamente viviendas lo que falta en el entorno, sino servicios y empleo, y hacen especial hincapié en el papel tan importante que juega el centro comercial y el gimnasio -con cerca de 2.400 abonados- en el distrito. “En cuestión de semanas lo derriban y nos quedamos sin nada, lo que sería un prejuicio enorme para el barrio”, declara León. El Ayuntamiento les ha prometido que “se ampliarán las instalaciones deportivas”, habrá una piscina municipal cubierta, una gran plaza pública y un centro cultural para poner en valor la Quinta del Sordo. “En la planificación que tenía el Consistorio en septiembre no había nada de esto y, milagrosamente, ha aparecido una gran dotación económica en seis semanas”, relatan desde la asociación vecinal.
Es por ello por lo que Ecologistas en Acción pide que se planteen otros usos dentro del amplio espectro de la calificación que tiene ahora de equipamiento privado. “No se valora que el Paseo de La Ermita no tiene un buen servicio de transporte público”, sostiene Suárez-Carreño, quien cuenta que la estación de metro más cercana está a un kilómetro a pie, aproximadamente.
Por el contrario, los defensores del proyecto creen que así se mejoraría la movilidad y la conectividad norte-sur, al crear un viario a lo largo del límite sur de la parcela, una opinión que no comparte Ecologistas en Acción: “Esto podría suponer recortar las zonas verdes que ya existen porque genera una nueva barrera entre los parques de Caramuel y Ermita del Santo”, afirman.
La oposición lo tacha de “pelotazo”
El apoyo al proyecto para la Ermita del Santo por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha animado a los vecinos a que realicen "todas las sugerencias que estimen" sobre el mismo, no parece ser la tónica general. Desde que esta propuesta se diera a conocer, han sido muchos los que han mostrado su oposición. Tal es así, que se han presentado más de 700 alegaciones, y los habitantes del barrio de Los Cármenes se concentraron el pasado 29 de septiembre ante la sede del Ayuntamiento en la plaza de Cibeles durante el Pleno municipal.
Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE pidieron en el pleno ordinario de la Junta del distrito de Latina, del pasado 18 de octubre, la retirada de la modificación urbanística en los terrenos del centro comercial Ermita del Santo, para que posteriormente se plantee una alternativa de consenso con todas las partes, incluidas asociaciones vecinales, que responda al interés general teniendo en cuenta sus necesidades.
De igual forma, Grupo Mixto solicitó conocer si hay alguna alternativa diferente que baraja la Junta Municipal de Distrito Latina, ante "la rotunda negativa vecinal al proyecto de una mega construcción". Su portavoz, José Manuel Calvo, acusó al Ejecutivo de PP y Cs de "rescatar un proyecto de Ana Botella" y que fue desestimado por Ahora Madrid en 2016. Ante esto, el titular de Desarrollo Urbano defendió que “no tiene nada que ver con el del mandato de Ana Botella”.
"Este pelotazo no responde al interés general"
La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado "el pelotazo" del Gobierno municipal con esta iniciativa que, a su juicio, solo beneficia a unos pocos y va contra el beneficio de los ciudadanos. "Vamos a parar este pelotazo, que no responde al interés general, que no tiene ningún beneficio para los vecinos y que responde solo a los intereses de unos pocos millonarios", ha subrayado.
La oposición coincide con las asociaciones vecinales y otros colectivos como Ecologistas en Acción al calificar la operación de “pelotazo”. Para la confederación, esta modificación del Plan General es “arbitraria, discrecional y no responde a necesidades”. Así, creen que la “única” razón de fondo que hay tras esta decisión es que a los propietarios de los terrenos “no les resulta suficientemente rentable las actividades que hay ahora y quieren obtener una rentabilidad superior”, lo que consideran un argumento “insostenible” desde el punto de vista del urbanismo público, que ha de regirse por los intereses generales.
Por ello, los vecinos esperan que, en caso de que finalmente haya modificaciones urbanísticas, estas se negocien en favor de las necesidades reales de los barrios.
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