Primera manifestación de guardias civiles uniformados

Según la organización unas 13.000 personas secundaron el acto, de los que 3.000 iban uniformados, aunque sin el arma reglamentaria. 'Somos civiles, no militares' y 'Zapatero embustero' fueron algunos de los lemas que corearon sin cesar los guardias civiles para exigir al Ejecutivo que cumpla las promesas electorales de su programa político: el reconocimiento de las asociaciones profesionales en el seno de esta institución y la reforma del régimen disciplinario que les desvincule de la jurisdicción militar.

El filósofo Fernando Savater fue el encargado de leer un comunicado en el que se rechazó la reforma del régimen disciplinario de este Cuerpo planteada por el Gobierno, porque ser "más duro" que el que se aplica al resto de los cuerpos policiales. De hecho, los guardias civiles se enfrentaban a una sanción grave por acudir con su vestimenta reglamentaria que, según la normativa vigente, podría incluso suponer la expulsión del cuerpo, como finalmente llegó a suceder.

Unos días después de la concentración, el director general de la Guardia Civil decidió abrir expedientes por falta muy grave al secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinya, y al secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, lo que supuso apartarles del servicio durante 90 días. El motivo de la sanción fue acudir a dicha manifestación con el uniforme reglamentario, como también lo hiciera gran  parte de los asistentes y el resto de la Junta Directiva.

Además, en octubre, el Ejército de Tierra ordenó el arresto del presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el brigada Jorge Bravo, y su ingreso en centro disciplinario militar durante un mes y diez días, en cumplimiento de un expediente disciplinario por falta grave abierto por su participación en la manifestación de la AUGC, informaron fuentes de la asociación.

Este expediente disciplinario contra el brigada Jorge Bravo venía a sumarse a los expedientes abiertos por la Dirección General de la Guardia Civil contra 20 responsables de la AUGC por la manifestación del 20 de enero. El brigada Bravo participó vestido de civil en la concentración, en la que dirigió unas palabras a los más de 3.000 agentes del Instituto Armado que se sumaron a la protesta. En noviembre, más de un centenar de personas ataviadas con caretas con la cara de Bravo se congregó ante la sede del Ministerio de Defensa en apoyo al guardia civil.

Este mes de diciembre se conocieron las sanciones definitivas a los expedientados. Así, se ha sancionado con un año de suspensión de empleo y sueldo al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinya.

Asimismo, han sido sancionados con seis meses de empleo y sueldo el entonces secretario de Comunicación de AUGC, Juan Antonio Delgado Ramos, que ejerció como conductor del acto, y con tres meses el resto de los 19 expedientados,entre miembros de la Junta Directiva Nacional de la Asociación y secretarios provinciales. Ninguna de estas sanciones, a excepción de la de Joan Miquel Perpinya, implica la pérdida de destino.

Estatuto de Derechos y Deberes
Desde que tuvo lugar la manifestación, que reclamaba al PSOE el cumplimiento de su programa electoral respecto a la Guardia Civil, han sido aprobadas, en el último tramo de la legislatura, el Estatuto de Derechos y Deberes, que regula el asociacionismo, y el nuevo Régimen Disciplinario, que suprime los arrestos.

En la sesión del Congreso en la que fueron aprobados los textos, los diputados, incluido el presidente del Gobierno, se levantaron de su asiento para aplaudir a los representantes de las asociaciones de la Guardia Civil, entre los que se encontraba el citado Perpinya al que ahora se propone expulsar del Cuerpo.