Los forestales están de "enhorabuena", ha reconocido Francisco Javier Cabezos, el delegado sindical de CCOO en el Cuerpo de Agentes Forestales. Con el mismo énfasis recibió la noticia el Sindicato de Agentes Forestales de Madrid. Su secretario general, Gregorio Palomo, aseguró a Madridiario que la suspensión cautelar del artículo nueve de la Ley de Medidas Urgentes es "una alegría tremenda".
Esta medida provisional adoptada por el TC implica que los guardabosques madrileños puedan volver a trabajar como lo hacían hasta la
aprobación de la Ley de Medidas Urgentes el pasado mes de julio.
Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Senado, Juan Barranco, declaró que "no le sorprende" la decisión del alto tribunal, pues, a su juicio, la ley "no tenía ningún sentido desde el principio". "Me parece muy bien que el alto tribunal haya dictaminado con justicia y con razón poner a Esperanza Aguirre en su sitio, en la posibilidad de tener que revisar eso y hacer leyes más sensatas, más respetuosas y sobre todo más justas con los derechos de los madrileños", declaró a Madridiario.
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la que depende el Cuerpo de Agentes Forestales, explicó que hasta que no haya una sentencia definitiva sobre la Ley de Medidas Urgentes no es momento para pronunciarse, ya que la suspensión cautelar de las leyes es un proceso automático que siempre se produce cuando se admite a trámite un recurso del Estado contra una norma regional. A partir de este momento, el TC tiene un plazo de cinco meses para decidir si suspende el famoso artículo nueve.
En el recurso, el MAP argumenta que La Ley de Medidas Urgentes vulnera la competencia que la Constitución reserva al Estado para establecer legislación básica en materia de protección del medio ambiente y de los montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
La Comunidad quita hierro al asunto
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, destacó este viernes que la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo central contra el artículo que afecta a los forestales de la Ley de Medidas Urgentes, que exige a estos agentes tener autorización judicial para entrar en fincas privadas, es "un mero trámite" que "no resuelve nada" ni supone un "pronunciamiento expresa" sobre el fondo del asunto.
El viceconsejero de la Vicepresidencia Primera, Salvador Victoria, aseguró que el Alto Tribunal "se ha limitado a aplicar" la facultad que la Constitución otorga al Gobierno de la Nación, en su artículo 161, para pedir la suspensión automática de una norma.
"Y eso es lo que ha hecho en este caso", aseguró Victoria, quien advirtió que la Carta Magna también establece que "en el plazo máximo de cinco meses el TC tendrá que decidir si mantiene la suspensión o la levanta".
Así, el responsable de la Comunidad de Madrid explicó que, al admitir a trámite el recurso contra la Ley de Medidas Urgentes, el TC "simplemente acusa recibo de la suspensión pedida por el Gobierno y de alguna forma viene a aplicar, porque no tiene otro remedio", la suspensión solicitada por el Gobierno central.
"El TC sólo hace efectiva la petición que le ha hecho el Gobierno, sin entrar a valorar nada sobre el fondo ni que suponga ningún argumento o toma de postura", concluyó Victoria.
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