El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Gobierno regional se culpan de que la Ley de Dependencia no se haya aplicado. Trabajo afirma que Madrid, junto a Murcia, son las dos únicas comunidades que no han presentado ni una solo nombre de un gran dependiente para que el Estado pueda entregarle la ayuda. El vicepresidente regional Ignacio González afirma que el Gobierno central tan sólo va a invertir en la Ley de Dependencia un 3 % de lo que actualmente invierte el Gobierno regional, 700 millones.
La aplicación de la Ley de Dependencia se ha convertido en un nuevo motivo de roce entre los Gobiernos Central y regional. Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se afirma que no les consta que Madrid y Murcia hayan valorado aún a ninguna persona dependiente por lo que el Gobierno Central no ha podido abonar ninguna cantidad, a diferencia de lo ocurrido en otras comunidades. "El ministerio ha ofrecido toda la colaboración a la Comunidad para que aplique la Ley de Dependencia y atienda a todas las personas mayores y grandes dependientes de la región. La financiación está a su disposición", afirman en el Ministerio.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, subrayó precisamente este jueves que Madrid y Murcia están obligadas a garantizar el acceso de los ciudadanos a las prestaciones incluidas en el Sistema de Dependencia porque son derechos de los ciudadanos reconocidos por ley. La intervención de Valcarce se produjo horas después de que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, precisara en el Congreso de los Diputados que estas dos comunidades todavía no han incorporado sus datos al sistema informático de atención a la dependencia.
Valcarce, no obstante, no quiso buscar el enfrentamiento y aseguró que en este momento "prima la cooperación sobre cualquier otro aspecto" . La secretaria de Estado se mostró convencida de que Madrid y Murcia responderán a las exigencias de eficacia y rigor en la gestión que piden los ciudadanos y recordó que hasta el momento el sistema de atención a la dependencia tiene registrados más de 78.000 expedientes tramitados por la comunidades autónomas.
A pesar de estas explicaciones, el vicepresidente y portavoz del Gobierno Regional, Ignacio González, aseguraba este jueves que "el Gobierno de España no ha aportado un euro" y afirmaba que la Comunidad destina a las personas dependientes 700 millones de euros mientras que el Ejecutivo nacional ha estimado una dotación de 23 millones, una cifra, a su juicio, "prácticamente insignificante".
La respuesta de Trabajo es que se están confundiendo los términos de la Ley. "En mayo se alcanzó un acuerdo por el que, además de la ayuda por persona, la Comunidad de Madrid recibiría 23,5 millones de euros, a cambio de la presentación de proyectos. Madrid no ha entregado ni uno, por lo que este dinero sigue aquí, lo mismo que el dinero previsto para cada persona que la Comunidad nos diga que es gran dependiente".
Ignacio González considera que con los 700 millones que la Comunidad invierte en las 150.000 personas dependientes en la región, Madrid se convierte en una de las que más dinero destina a esta necesidad. "Sólo en Parla -ha añadido- destinamos siete millones de euros a atención social, la mayoría para personas dependientes". Asimismo González se pregunta cómo prevé la dotación de las ayudas una ley en la que se habla de "atención copada cuando en la región la que se presta es totalmente gratuita" y si los que ahora reciben atención gratis tendrán que pagar una parte. Asimismo ha asegurado que, tal y como prevé la Ley estatal, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ya da un cobertura del cien por cien de las personas con gran dependencia.
Gallardón
Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, también se pronunció este jueves sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid. Según aseguró el regidor, la ley es un "reconocimiento por parte del Estado de una realidad que parcialmente pero de una forma muy importante ya se viene aplicando por el Ayuntamiento".
Mediante la Ley de Dependencia se va a universalizar para todos los ciudadanos españoles una parte de las ayudas que prestan algunas administraciones, explicó el alcalde. "Ahora se establece un sistema para que la Administración general del Estado asuma la responsabilidad presupuestaria".
En cuanto a los atrasos en la aplicación de la ley en Madrid, Gallardón aseguró que hasta que la Comunidad no llegue a un acuerdo con el Estado, el Ayuntamiento no podrá pactar con la Comunidad cómo llevar a cabo las ayudas.
Si (
No(
