¡Atención madrileños, que vienen multas!

Ya está plenamente en vigor la nueva ordenanza de recogida de residuos de la capital, que contempla multas importantes de hasta 750 euros a quienes a partir de ya mismo, seleccionen mal y no reciclen su basura. 

Facua, como el resto de los madrileños, lamenta que el Tribunal Supremo haya decidido validar dicha ordenanza, que había sido recurrida. Esta dolorosa  ratificación para nuestros sufridos bolsillos, permitirá que el ayuntamiento pueda imponer importantes sanciones económicas a personas físicas, pero es que además, si puestos ellos a buscar y sancionar, no identifican de quien son las bolsitas infractoras, sacudirán multa a las comunidades de propietarios. Ya saben… no olviden lo que rezaba la campaña informativa de antaño: los envases a la bolsa amarilla y los orgánicos al contenedor de tapa naranja.

Las multas pueden llegar a ser hasta de 750 euros y habrá inspectores puestos a tal efecto que podrán revisar nuestras bolsas de basura como si fuesen del C.S.I. local, para comprobar sobre el terreno si se han depositado en el contenedor que corresponde. Ahora tendremos que retrasar al máximo las salidas de los contenedores a la calle, para evitar husmeadores, y si vemos algo sospechoso nos asaltara la duda sobre quien rebusca en nuestros deshechos, si alguien que ha extraviado algo, necesitados, victimas de la crisis, o buscadores de la infracción.

No salimos de una y ya estamos en la siguiente.

Opino que en lugar de buscar nuevos resquicios y filones por donde sancionar a más hasta el infinito, podían pensar en cómo ahorrar de manera rápida y efectiva las abultadas nóminas de sus organizaciones repletas de asesores y colaboradores de dudosa necesidad; o del lujo que rodea las administraciones regionales que eso, y no las basuras, es lo que no esta acorde a los tiempos que vivimos.

Los portavoces de FACUA e imagino que así será para el resto de organizaciones que intentan dar protección o información al consumidor, han expresado que esta es "una medida injusta y arbitraria debido a que solo perjudica a los ciudadanos, en vez de informarles adecuadamente sobre los procesos del reciclaje y los métodos adecuados para llevarlo a cabo". El ayuntamiento debe tener información clara disponible a este respecto, para que todos los usuarios madrileños sepan como actuar sin incurrir en conductas sancionables, al no tener conocimiento de ello.