La RMI es una prestación creada en 2001 para todos los madrileños que acrediten no estar percibiendo ningún ingreso. La Comunidad provee los recursos necesarios, ampliando el presupuesto si es necesario, para garantizar los pagos a todos los perceptores que, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, suman ya 50.000.
Esta cifra, que
se ha triplicado en los últimos dos años, supone que el Gobierno regional destinara en 2011 66 millones de euros,
desbordándose la previsión inicial de 48 millones. Y es que
cada beneficiario recibe, de media, 532 euros mensuales.
Aguirre, que tras el Comité de Dirección del PP de Madrid habló de esta ayuda a los periodistas, afirmó que se trata de un recurso que
"no tiene límite temporal de momento" aunque matizó que habrá que ver si se puede "seguir manteniendo así". La presidenta regional indicó que para recibir esta prestación, "solo" se exige no tener ningún ingreso y llevar un año de residencia legal en Madrid (
Consulte aquí todos los requisitos). "En la Comunidad todos los ciudadanos madrileños que no tienen ningún ingreso tienen este derecho", agregó la presidenta destacando que, aunque no es una cifra importante, sirve para subsistir.
Las intenciones de Aguirre de momento no han sido bien recibidas entre los diferentes agentes que trabajan con personas en riesgo de exclusión. Por ejemplo Jesús Sandín, de la ONG Solidarios para el Desarrollo, se pregunta qué pasara con las personas con problemas tan graves que no puedan reincorporarse al mercado laboral: "La Renta Mínima de Inserción es un derecho subjetivo que garantiza el acceso a unas condiciones de vida básicas, si lo limitan, ¿de qué vivirán sus beneficiarios?". Sandín plantea que, en caso de que la RMI finalmente se modificase, debería preverse alguna otra alternativa. "Si es quitar sin dar nada, no me queda más remedio que oponerme", concluye.
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