miércoles 11 de abril de 2012, 00:00h
Actualizado: 25/04/2012 17:04h
Escuchaba el otro día en un programa de televisión a un catedrático de economía hablar de que esta no era un crisis económica más, sino un cambio de era. Estoy totalmente de acuerdo. Creo en lo que dijo José Luis Sampedro de que el capitalismo fue algo fundamental en la evolución de la sociedad en los siglos XV y XVI pero luego se fue corrompiendo.
Como digo, pienso que estamos en un período de transición. La estructura del poder mundial se está redistribuyendo porque la globalización da las mismas herramientas a todos los países para competir. Los más adaptables a los cambios y los potencial y materialmente más potentes serán los que marquen la pauta. El resumen de esta tendencia es el traslado del poder de Estados Unidos a China.
Podemos verlo de otra manera. Cada gran crisis sistémica del capitalismo ha motivado más derechos sociales. En el pánico de 1873, la quiebra de un banco de Filadelfia derivó, tras una larga depresión, en la generalización industrial internacional, el uso de nuevas fuentes de energía y un empoderamiento de los sindicatos, que se convirtieron en interlocutores válidos del poder. Los efectos del crack del 1929, a medio plazo, y tras sufrir una caída bursátil brutal y una guerra mundial, provocó que Occidente apostase por el Estado del bienestar y por la corrección estatal de la economía para evitar los estragos que había causado el capitalismo salvaje.
En esta crisis, los mimbres son parecidos y los resultados, estimo que serán similares, aunque hoy no podamos verlo. La sociedad tenderá al equilibrio, aunque esta vez no juegue a favor del primer mundo. Los que ganarán derechos sociales, a costa de recortar los derechos de los países ricos, serán los ciudadanos de los países más pobres.
A eso se añade que todo cambio de liderazgo mundial ha conllevado guerras. Siempre. En mi opinión, las actuales son de corte económico y financiero. La crisis actual es parte de esa guerra. A no ser que hagan algo, los Estados la están perdiendo y con ellos, la ciudadanía. Son unos pocos los que mueven los hilos: mercados y bancos. Especuladores que reciben ayudas con un interés al 1 por ciento y compran deuda de las mismas naciones que les auxilian al 5 por ciento, contribuyendo a su pobreza.
Como ya señalé en otra columna, Thomas Jefferson dijo lo siguiente: "Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron". Podemos aplicarnos el cuento y pensar qué es lo que habría que hacer con el que muerde la mano del que le da de comer.
El resultado de ello en España es que, por mucho que digan lo contrario en el Gobierno, son otros los que nos están dictando cómo debemos organizar nuestra economía y deciden sobre nuestros medios de vida. La reforma laboral nos ha mandado directamente al siglo XIX en cuanto a condiciones laborales se refiere. No es hacer demagogia. Es capitalismo, pero del de principios de esa centuria. Ese que favorecía al burgués sobre el trabajador en todo, que se basaba en el paternalismo del patrón y permitía el abuso siempre que estuviese respaldado por la creación de riqueza para el país.
También estamos en una etapa liberal. Como la de mediados del siglo XIX. Entonces se trataban de acallar las voces que criticaban la precariedad y los gobiernos se establecían mediante partidos políticos que, después de acotar quién podía votar y a quién, hacían y deshacían a su antojo hablando que lo hacían con el respaldo ciudadano y sin importarles las demandas posteriores ¿Les suena? No hace más que unos días, la ministra Fátima Báñez hablaba de que la soberanía nacional residía en el Congreso. Partitocracia cien por cien en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, con dos narices.
Sobre los recortes, era obvio que había que recortar por algún lado. Nadie puede ser tan inocente de pensar que si te prestan dinero para vivir por encima de tus posibilidades no te lo van a cobrar con intereses. Había que echar cuentas y reducir nuestro nivel de vida. Lo indignante es que en este tema se practique la política de ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. O sea, no quitarle primero a los que tienen el dinero y perjudican a la mayoría (SICAV, bancos, evasores fiscales y un largo etcétera), sino cargar las tintas sobre los que se tiene el poder. El resultado es que el Estado del bienestar y el consumo se van a contraer hasta los niveles de la supervivencia.
La última en la frente es el ataque a la libertad de expresión y al derecho de manifestación. Resulta que El Gobierno va a reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque los "colectivos antisistema" practican "técnicas de guerrilla urbana" y hay que combatir esta "espiral de violencia". La resistencia pasiva será atentado contra la autoridad. Será delito de integración en organización criminal difundir a través de Internet y las redes sociales convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden público". "Se trata de que la gente tenga más miedo al sistema", decía el conseller de Interior catalán, Felip Puig. No incurrir en el "buenismo jurídico", añade el ministro del Interior. En realidad, es ponerse la venda ante las protestas lógicas que se van a producir por los recortes porque ellos son los que deciden qué es un atentado contra la autoridad o una convocatoria violenta.
Es decir, se trata de implantar un Estado policial puro y duro. El miedo como herramienta política y utilizada sin complejos. Un estado de excepción, a pesar de que la criminalidad sea bajísima y la tasa de presos, altísima. Según su nuevo orden de cosas, Gandhi hubiese ido directo a la cárcel en España, igual que hicieron los británicos con él hace 80 años. El Gobierno no quiere admitir que la inmensísima mayoría ciudadana que se manifiesta no lo hace violentamente. De hecho, a casi todos nos repugna ver a cuatro idiotas destrozando contenedores o atacando a la policía para hacer sus reivindicaciones. Simplemente, es que no les conviene que la gente salga a la calle a leerles la cartilla.
Como decía al principio, quizás estamos en un cambio de era. La era del reequilibrio de las cosas a nivel global. De perder para que los que no han tenido, ganen algo. Eso no implica que lo perdamos todo, sino que dejaremos de ser tan importantes como nos creemos. Pero si no lo remediamos siendo firmes en nuestras reivindicaciones, hay una cosa que va a estar clara: la situación ciudadana va a ser mucho más mala de lo que esta crisis de reajuste económico y social marque en España y en el planeta.