El coordinador de Movilidad del ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha justificado la renovación de la ordenanza en la crisis que sufre el sector y en las inminentes elecciones. "Estamos aquí porque el taxi atraviesa una grave crisis -ha subrayado Calvo-. Y, además, tenemos que hacerlo ahora porque hay elecciones y si no ya no se podrá hacer nada hasta septiembre".
El responsable del PSOE en la materia, Manuel García Hierro, ha insistido en la
falta de consenso y ha señalado que los cambios introducidos en la ordenanza del taxi suponen la creación " de licencias de primera y de segunda categoría". Su homólogo en IU, Ángel Lara, ha denunciado "las prisas" con las que se ha llevado a cabo una reforma que, a su juicio, supone el primer paso "para la desregulación total del sector". "Las carreras pactadas con el taxímetro parado se van a convertir en la norma", ha lamentado.
Los cambios introducidos en la ordenanza fijan una jornada máxima de 16 horas, que
se podrá ampliar dos horas más para los vehículos que tengan conductores asalariados. El objetivo de esta medida, según Calvo, es garantizar los puestos de trabajo de los 8.400 conductores asalariados que hay actualmente en Madrid. La oposición, sin embargo, entiende que es una concesión del ayuntamiento "a la patronal del taxi".
Paradas de 60 minutos
Otra de las modificaciones afecta a las denominadas paradas técnicas -para comer, cambios de turno, imprevistos...-. La nueva ordenanza fijará un tiempo mínimo de 60 minutos para que estas paradas sean consideradas técnicas y, por tanto, no se cuenten dentro de la jornada laboral.
La nueva ordenanza obliga también a las entidades que gestionan radioemisoras a que introduzcan elementos de control para el cumplimiento de las limitaciones horarias. Se clarifica, además, que los vehículos no podrán estacionar en paradas ni recoger usuarios en la vía pública o a través de radioemisoras sin que el taxímetro y el módulo luminoso se encuentren encendidos y en funcionamiento. Ahora, los profesionales del taxi tienen un plazo de un mes desde la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza para implantar estas medidas.
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