Piden ocho años de cárcel para 175 controladores

Así lo ha confirmado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.

Hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.

El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.

Las primeras torres de control podrán liberalizarse en un año
Por otro lado, las primeras torres de control de las 13 que AENA sacará inicialmente a concurso, y cuyo proceso se ha puesto en marcha este miércoles, podrían liberalizarse en un año, según fuentes del Ministerio de Fomento, que explicaron que la liberalización se llevará a cabo mediante un concurso público y "negociado" que garantice "la competencia, la transparencia y la igualdad de oportunidades" entre los interesados.

El proceso de licitación, que Fomento pretende iniciar antes de un mes y cuyo plazo podría durar alrededor de siete meses, se realizará agrupando los 13 aeropuertos seleccionados en tres lotes pudiendo optar a la prestación del servicio de control en las mismas tanto empresas públicas extranjeras como entidades privadas, por lo que se trataría más bien de una "externacionalización".

Se buscan controladores civiles
Además, el Ministerio de Fomento publica este miércoles en el BOE la orden por la que se determinan los 13 aeropuertos, entre ellos el de Cuatro Vientos, que deberán contar con nuevos proveedores civiles de servicios de control aéreo de aeropuertos y que entrará en vigor el jueves.

Los aeropuertos son los de A Coruña, Alicante, Fuerteventura, Ibiza, Jerez de la Frontera, La Palma (Canarias), Lanzarote, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Sabadell, Sevilla, Valencia y Vigo.

El procedimiento de selección de estos controladores deberá iniciarse en el plazo no superior a un mes, desde la fecha de publicación de esta Orden. El ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) tiene la reserva de la prestación de los servicios de tránsito aéreo de control de aproximación. AENA ha tenido en cuenta, entre otros criterios, los relacionados con el tipo y volumen de tráfico; la complejidad de la dependencia y del proceso de transición en relación con los objetivos perseguidos, características del servicio prestado en la dependencia ATS en cada caso, así como las necesidades del propio gestor y de la red de navegación aérea. También las derivadas de la gestión de los aeropuertos seleccionados, con la imprescindible garantía de la seguridad, continuidad, eficacia, calidad y sostenibilidad del servicio.