Habrá recorte. Es lo único que ha quedado claro después de la reunión mantenida este viernes entre el gobierno de Esperanza Aguirre y los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y CSIT-UP). Esta reducción de liberados sindicales en la administración comunitaria se concretará el uno de enero, pero aún no se sabe cuál será la cifra exacta. Eso sí, la eliminación de liberados sindicales pondrá en la calle a los interinos que en la actualidad están ocupando sus puestos de trabajo.
Si se hace caso a los datos aportados por el ejecutivo regional, la tijera alcanzará a 2.000 liberados sindicales. "Queremos pasar de los 3.500 que hay actualmente a unos 1.500", explicó tras la reunión el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. "Esto permitirá ahorrar 73 millones de euros", concretó. Además, el responsable de Presidencia defendió la medida y negó que exista una campaña de persecución a los sindicatos. "Esto no supone una restricción de los derechos sindicales. Es una racionalización de su función en un momento de crisis".
Los sindicatos, sin embargo, no están de acuerdo con esas cifras. De hecho, los representantes de los tres sindicatos mayoritarios llegaron a la reunión con la intención de cambiar los términos del debate. "No sabemos de dónde salen esos 3.500 liberados que afirman que hay. En cualquier caso, lo que hay que dejar claro es que todos han sido legitimamente elegidos", subrayó el secretario de la Fedaración de Servicios Públicos de UGT, Fernando Sánchez.
En este sentido, los datos que maneja la Comunidad hablan de cerca de 1.420 delegados elegidos en las elecciones sindicales. El resto -hasta alcanzar la cifra de 3.500- serían puestos de liberados que se han ido creando como consecuencia de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la Comunidad a lo largo de las diferentes legislaturas. "Durante el gobierno de Esperanza Aguirre no ha aumentado prácticamente nada el número de liberados sindicales", aseguró Granados quien, de esta forma, echaba la responsabilidad de este aumento de liberados a los ejecutivos de Alberto Ruiz Gallardón y de Joaquín Leguina.
En s
u estrategia por sacar los focos de un debate que consideran estéril -en parte porque parecen haber asumido que no hay vuelta atrás en ese recorte-, los representantes sindicales evitaron hacer públicas las cifras que manejan sobre el número de liberados que hay en la Comunidad Autónoma. "Hemos venido a decirle que para nosotros ese no es el tema. Para nosotros, el tema son las condiciones de trabajo de los empleados públicos", aseguró el representante de CC OO, Juan Antonio Olmos. "En cualquier caso -matizó Sánchez-, también hay que decir que no hay 3.500 liberados a tiempo total". "Están mezclando cosas. -insistió Olmos-. La mayoría de los representantes sindicales tiene únicamente 15 horas para defender los derechos de sus compañeros. Los liberados a tiempo completo son muchos menos".
Así las cosas, la reunión -que duró algo más de dos horas y en la que participaron 12 representantes del gobierno regional y cinco miembros de cada uno de los tres sindicatos- derivó en una discusión semántica sobre el concepto de 'liberado sindical' que no se resolverá hasta después del 30 de septiembre. "Los sindicatos nos han pedido que no se vuelva a tocar este tema hasta después de la huelga general del 29-S", señaló Granados.
Cruce de datos
En ese próximo encuentro, el primer objetivo será alcanzar un consenso sobre el número de liberados sindicales. Pero no será el único. A pesar de no haber logrado frenar el recorte de liberados, lo que sí han hecho los sindicatos ha sido poner sobre la mesa otros aspectos de la negociación laboral con la Comunidad. "Es la primera vez que se reúne la Mesa de la Función Pública, y lo han hecho exclusivamente para tratar el tema de los liberados", lamentó el representante de CSIT-UP, José Montero.
"No vamos a seguir hablando de cifras -insistió Olmos-. El debate sobre las cifras oculta la realidad sobre los empleados públicos. Queremos llegar al 31 de diciembre con un acuerdo total sobre las condiciones de trabajo, que puede incluir un recorte de liberados sindicales". "Estamos dispuestos a negociar todo lo que afecte a los empleados públicos, y uno de los temas es los derechos sindicales, pero no quiere decir que para nosotros esto sea lo más importante. Hay cosas más importantes", explicó Montero.
Los sindicalistas ampliaban así el horizonte de esta polémica y conseguían colar en la negociación el convenio colectivo de la función pública, que está en suspenso desde el año 2007. "El gobierno está dispuesto a negociarlo todo -admitió Granados-. Eso sí, cualquier acuerdo no puede suponer un sobrecoste para los madrileños. Estamos en economía de guerra".
Será después del 29-S, por tanto, cuando se concrete el alcance de un recorte que, de rebote, dejará en el paro a los interinos que ahora están cubriendo el puesto de los liberados sindicales.
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