Aguirre dice que también habrá abortos en la pública

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que "no todos" los casos de abortos se están remitiendo a clínicas privadas, ya que cuando no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos se suele hacer la intervención en los mismos, al tiempo que ha recalcado que los trámites siguen igual desde 1985, ya que lo único que cambia con la nueva ley son los plazos.

"Todos los casos no se derivan a clínicas privadas. Cuando no hay objeción de conciencia en los hospitales públicos, no", ha precisado la dirigente regional en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

En este sentido, ha precisado que si el aborto se hace en una clínica privada, la intervención será "a coste del contribuyente", y ha puntualizado que "unos casos se derivan" desde los hospitales públicos y otros no. "No ha cambiado nada. Se viene haciendo exactamente lo mismo que se viene haciendo desde la Ley de 1985. Lo que han cambiado son los plazos", ha indicado.

Aguirre ha asegurado que va a cumplir la normativa, pero también señaló que confía en que el Tribunal Constitucional suspenda su aplicación y actúe "con rapidez o que la menos dicte un auto suspendiendo su vigencia lo antes posible".

Críticas de la oposición
Pese a que el Gobierno regional mantiene que cumplirá la ley, la portavoz socialista en al Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha advertid que los socialistas madrileños velarán por su cumplimiento en la Comunidad de Madrid y por que la ideología personal del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, y de Aguirre no obstaculicen la aplicación de la ley en la región.

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, Menéndez ha criticado que la Comunidad es la región con "la mayor tasa de abortos de toda España " y mientras tanto, "el Gobierno de la Comunidad ha ido restringiendo al máximo todo lo que tiene que ver con programas de prevención de educación sexual, ha pretendido ridiculizar los programas de educación sexual para jóvenes y ha acabado con los recursos públicos para la prevención de los embarazos no deseados".

Por su parte, el coordinador general de IU-CM, Gregorio Gordo, ha afirmado, en relación a la aplicación de la Ley del Aborto, que "la impunidad y la provocación son las señas de identidad de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y sus ayatollahs del neoliberalismo" y le ha pedido que "deje de atentar contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública".

En este sentido, Gordo subrayó que "no cumplir con unos servicios mínimos ilegales y abusivos en el Metro son considerados por la presidenta prácticamente un delito de 'lesa humanidad' y, sin embargo, no cumplir con el derecho al aborto de las mujeres de la Comunidad de Madrid es el ejercicio del derecho de objeción de los profesionales sanitarios".