"Voy a cumplir el compromiso y se va a tener que tragar usted sus palabras: la construcción de 245 viviendas y la rehabilitación de 156, si es que el señor Zapatero no nos lleva a la quiebra y tenemos que parar el país y por supuesto la Comunidad de Madrid detrás".
Con este desafío al diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, se comprometió este jueves la consejera Anabel Mariño a cumplir el compromiso adquirido con los residentes de la
UVA de Hortaleza. Los afectados, presentes en la tribuna de invitados del Pleno de la Asamblea de Madrid, asumieron con resignación la promesa: "Llevamos ya 20 años reclamando
un lugar digno donde vivir".
Antonio Fernández Gordillo había llevado por enésima vez al Pleno de la Asamblea el caso de esta antigua Unidad Vecinal de Absorción, un proyecto estatal modélico en su día (con premios arquitectónicos incluñidos), convertido con el tiempo en
foco de marginalidad y hoy en imagen viva de la
degradación urbanística.
De ejemplo a foco de conflicto
La UVA de Hortaleza, como otras que se desarrollaron en Madrid, se levantó en los años 60 como paso intermedio para acabar con el chabolismo en la zona realojando en viviendas de muy bajo coste a las familias con menos recursos. Estas construcciones semi prefabricadas -bloques de no más de dos alturas separados por amplios corredores- deberían provisionales, pero el traslado y la dotación de nuevas viviendas para los afectados se dilató en el tiempo hasta convertir la UVA de nuevo en foco de conflictividad social: casas con
grietas, muros inestables, grandes
humedades, problemas de
olores, canalizaciones obstruidas y
viviendas 'okupadas' además de zonas comunes llenas de
socavones, parques infantiles destrozados y jardines arrasados. Según aseguró el presidente de la asociación de vecinos, Miguel Ángel Eduarte, a
Madridiario, "quieren
convertirnos en ciudadanos de segunda, que seamos menos que los demás, y no lo van a conseguir".
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Hoy la UVA está pendiente de que el instituto regional de la vivienda, el IVIMA, ejerza las competencias que asumió sobre esta zona realojando a las más de
650 familias originarias del barrio. La fecha límite establecida por la Consejería de Vivienda era
2012, habiendo realojado antes en 2011 a los residentes, pero el PSOE denuncia que las obras ya está fuera de plazo: "Su actuación se suma a la larga lista de los incumplimientos de los gobiernos del PP. Para cumplir la promesa ya deberían estar construidas 180 viviendas de segunda fase; 133, de la tercera fase y las 178 de la cuarta fase, cuando lo único que se ha hecho son los proyectos de obra". "Las obras -de una parte de las viviendas en construcción- han estado paradas por que
la constructora se declaró en quiebra. La Consejería dice que ya se han puesto en marcha, pero es mentira, allí sólo hay cuatro personas trabajando", añaden los propios vecinos.
Efectivamente, la administración concursal no dio permiso para continuar las obras hasta el mes de abril. La consejera de Vivienda garantizó que pese a todos los retrasos, cumplirán con la construcción de 245 viviendas y la rehabilitación de otras 156. "Después seguiremos con las
1.089 viviendas originales y cuando se acabe esto acabaremos con la
demanda estructurada de 2.245 viviendas", aseguró Anabel Mariño. Los vecinos se reunirán de nuevo con el IVIMA en los próximos días para recibir las últimas novedades sobre sus casas. Ello no evitará que el día 24 de junio realicen una concentración para demostrar que la UVA "no se rinde".
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