Más de 700 mediaciones con menores infractores
Por MDO/E.P.
domingo 21 de marzo de 2010, 00:00h
Actualizado: 22/03/2010 13:44h
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, llevó a cabo a lo largo del 2009 un total de 708 reparaciones extrajudiciales con menores que habían cometido algún delito menor o falta.
Se trata de un tipo de medida que supone una mediación entre el menor y la víctima, encaminado a buscar acuerdos para la reparación del daño causado por la conducta infractora, que suele traducirse en tareas socioeducativas, reparación del daño o prestaciones en servicio de la comunidad.
El perfil de los menores que han participado en este programa en 2009 es el de un menor español, de entre 16 y 17 años, y que había cometido algún delito de lesiones o hurto, seguido de aquellos que habían cometido un delito de daños, robo con fuerza o amenazas.
El Programa de Reparaciones Extrajudiciales con que cuenta la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor es uno de los programas más representativos de la misma, que facilita una intervención rápida y eficaz, y posibilita una acción educativa con el menor, pero al mismo tiempo una participación del perjudicado en el proceso mediador.
Seis mediadores especializados
Para el desarrollo del Programa, la Agencia cuenta con un equipo de seis mediadores especializados en este ámbito, lo que garantiza la profesionalidad de las actuaciones que se ejecutan.
Asimismo, cuenta con un conjunto de recursos para la efectiva reparación del daño, cuando se trata de una actividad educativa, por medio de la cual, el menor muestra, no sólo su predisposición hacia un comportamiento social adecuado, sino que lleva a cabo un servicio determinado que beneficia a la comunidad en general y a determinados colectivos con necesidades personales y sociales en concreto.
Además de a los menores, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, atiende también con este programa a padres, representantes legales y a las personas e instituciones perjudicadas por las conductas infractoras de estos jóvenes.