Regreso a la minoría de edad

Martes, 11.00 horas. Decenas de personas esperan su turno en el número 12 de la Gran Vía. Para ellos es el día de cobro, el momento en el que deberán exponer a su trabajador social sus deseos y necesidades más inmediatos, es decir, en qué piensan gastarse el dinero en los próximos días, y justificar cómo lo han hecho en las jornadas anteriores. Pero no solo eso: también, y sobre todo, van a contar cómo les va, a pedir consejos, a pedir apoyo.

La fórmula de la 'paga' periódica resulta útil para 'tomar el pulso' a los adultos tutelados, y no solo para controlar sus bienes. "De esta forma, detectamos sus necesidades, les hacemos un seguimiento, comprobamos si las medidas adoptadas funcionan", explica Carlos Zorí, director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).

Porque, desde el momento en que un juez determina que un adulto ya no es capaz de autogobernarse, y se designa a esta entidad para que lo tutele al no existir nadie más que pueda o quiera hacerlo, hay que "rediseñar" toda su vida: con quién vive, cómo obtiene sus ingresos, cómo se los gasta y hasta la declaración de la renta. Algunas veces alquilan los pisos de los tutelados para generarles ingresos. Y custodian las llaves de sus viviendas y sus libretas de ahorro.

Ayuda externa
Si es necesario, se recurre a otros recursos como residencias o programas de rehabilitación. Es el caso de Eduardo, un joven de 34 años que vive en un piso de la Fundación Manantial. Esta entidad le ha ayudado a dejar su adicción a las drogas y a convivir con su discapacidad visual. La AMTA ha hecho el resto: le ha ayudado a administrarse mejor y ya ha conseguido pagar dos de sus tres deudas pendientes. "Con un poco de suerte, pronto podré autogobernarme otra vez", asegura.

Y es que, si se puede, la AMTA pretende conseguir que los adultos tutelados vuelva a ser dueños de sus actos. Pero eso no siempre es posible. Seis de cada diez usuarios de la AMTA tienen una enfermedad mental, otros sufren una discapacidad psíquica, más de veinte viven en la calle, y otros más algún tipo de demencia o enfermedad degenerativa como el alzheimer. Muchos ni siquiera pueden votar o recibir una herencia sin la asistencia de un profesional que vele por sus derechos.

Familiares desbordados
A veces no hay ningún familiar que pueda asumir la tarea. En ocasiones, según Zorí, son ellos mismos los que piden que la AMTA tutele a sus seres queridos, pues "un padre que lleva toda la vida 'peleando' con su hijo sabe que, si es un profesional quien le administra el dinero, este opondrá menos resistencia, la relación será más fácil".

Con todo, otras familias tienen reparos a la hora de iniciar el proceso de incapacitación, pues "es durísimo". "El juez les pide que cuenten monedas, les hace preguntas sobre su vida; parece humillante, pero tiene que comprobar las habilidades del presunto incapaz. Esto es distinto de la dependencia: por ejemplo, la mayoría saben ducharse, pero no quieren o se les olvida", explica Zorí.

Con todo, cada año los usuarios de la AMTA se incrementan más de un 20 por ciento. Por eso, la partida presupuestaria que ha destinado la Consejería de Familia y Asuntos Sociales a esta tarea ha permanecido ajena a la crisis y se ha incrementado un 16 por ciento este 2010. Y es que, recuerda Zorí, no solo se trata de administrar el dinero y el patrimonio de estos adultos, porque casi todos arrastran un durísimo historial de problemas sociales. Por eso siente que el trabajo de los profesionales de la AMTA merece la pena. No todos tienen el privilegio de dedicarse a enderezar vidas rotas.