El PSOE ha presentado este viernes en la Asamblea su propia proposición de Ley de Autoridad del Profesor. También estudia recurrir la del Gobierno de Esperanza Aguirre, por considerar que la condición de "autoridad pública" sólo la tienen los funcionarios y que es "imposible" extenderla a todos los docentes.
El texto que proponen los socialistas se basa en la prevención, la participación y el incremento de recursos en los centros. Además sólo prevé sanciones por violencia escolar para "casos de especial gravedad".
La portavoz socialista, Maru Menéndez, ha asegurado que su 'ley alternativa' la comparten diversos representantes de la comunidad educativa, como asociaciones de docentes y la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos.
El objetivo de la ley del PSOE es mejorar la convivencia escolar y para conseguirlo apuesta por un "modelo preventivo", frente al "modelo punitivo" que, a su juicio, defiende el PP. El texto recoge que, según la legislación vigente, sólo el personal funcionario docente ostenta la condición de autoridad pública y que, para reforzar la autoridad de los profesores, lo que tiene que hacer la Consejería de Educación es promover campañas sociales que "resalten en positivo su tarea" y "mejorar las condiciones en que realizan su trabajo".
Comisión de Convivencia
Para mejorar la convivencia escolar, establece que en todos los centros (públicos, concertados y privados) se constituirá una Comisión de Convivencia que elaborará, en el plazo de un año, un Plan de Convivencia "conocido y asumido por los padres".
La proposición de ley socialista potencia la figura del profesor tutor, prevé asistencia y apoyo a las víctimas de violencia escolar y sus familias. También promulga la creación de un Observatorio Regional de la Convivencia escolar. Además, dispone una reducción de la ratio máxima en la Enseñanza Secundaria Obligatoria de 25 alumnos por aula y una rebaja por tramos de la ratio en los grupos con alumnos que tienen necesidades de compensación educativa.
Tras presentar su alternativa, Maru Menéndez ha llamado al PP y al Gobierno de Aguirre a "negociar un modelo que tenga como eje la mejora de la convivencia" y que no sea un "modelo autoritario". En su opinión, el proyecto de ley del Gobierno regional no contempla "ninguna medida efectiva" para mejorar la convivencia escolar y la concesión que establece de la condición de autoridad pública a todos los docentes de la enseñanza pública y privada es "ilegal".
Si (
No(
