CC.AA. dicen que sin las transferencias en personal "se pone en riesgo" la oficina Judicial

De esta forma lo determinaron las comunidades de Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón en la reunión que han mantenido durante este jueves y viernes en Pamplona. En ella, según el consejero navarro de Justicia, Javier Caballero, se ha realizado un trabajo "serio y riguroso".

En el encuentro abordaron dos temas principales, la reforma de la Justicia y la Justicia gratuita, en los que se alcanzaron conclusiones "de consenso". En concreto, sobre el primero de los temas señalaron que la implantación de la nueva Oficina Judicial es el "principio" de un proceso para alcanzar la Justicia del siglo XXI.

En este sentido, Caballero señaló que en dicho proceso "no son suficientes las reformas procesales ni los pasos dados hasta ahora, sino que hay que avanzar con profundidad en el traspaso de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia, sin menoscabo del carácter nacional de los cuerpos de funcionarios".

Según expuso, de no otorgar estas competencias a las CC.AA. el modelo se pone "en serio riesgo". "La Administración del Estado tiene que liderar este proceso, tiene que hacerlo con prontitud, ya que es fundamental para que podamos acometer todos los cambios organizativos que podamos actuar sobre los medios humanos que prestan servicios", indicó el consejero.

Acuerdos alcanzados
Entre los acuerdos alcanzados, destacó igualmente que se constituya con "carácter inmediato" una base documental que cada Comunidad haya elaborado o elabore sobre planificación, desarrollo, implantación y despliegue de la nueva Oficina Judicial. "Que todos podamos aprovechar las sinergias porque desde nuestras distintas realidades podemos encontrar puntos en común", dijo Caballero.

Abogan también las distintas CC.AA. por intensificar la coordinación de las comunidades en la negociación de la nueva definición de los puestos de trabajo de la Oficina Judicial. "Tiene que responder a parámetros de funcionalidad, de flexibilidad, movilidad...", detalló el consejero, quien precisó que tienen que ser parámetros "comunes" y no se generen disfunciones.

Asimismo, con el fin de conseguir un correcto despliegue de los Servicios Comunes Procesales y de las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) consideran "imprescindible" que se revisen las dotaciones establecidas para las UPAD y se "reduzcan" en beneficio de los servicios de carácter común.

Finalmente, en este capítulo las CC.AA. piden ser informadas y participar en todo aquello que incida en la modernización de la Justicia y en la elaboración de futuras leyes que afecten al ejercicio de sus competencias, singularmente en las de Registro Civil y Demarcación y Planta Judicial.