La Comunidad confirmó este lunes que la atención a la discapacidad seguirá siendo gratuita, incluso en el marco de la Ley de Dependencia, que establece el copago de los servicios. El Cermi reclamó más ayudas a la autonomía personal.
El Gobierno madrileño no tiene intención de empezar a cobrar los servicios a las personas con discapacidad, incluso cuando estas los reciban en el marco de la Ley de Dependencia. Esta, que establece el copago de los servicios, suponía, a juicio del colectivo, un "retroceso" respecto a la Ley Regional de Servicios Sociales, en virtud de la cual los usuarios con discapacidad no pagan ni un euro por los servicios públicos.
El presidente del
Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, presentó este lunes un documento de propuestas para mejorar la
Ley de Dependencia. Aseguró que el famoso copago "no es obligatorio, es decir, se puede establecer un copago cero por los servicios", y así lo reclama el colectivo. La Comunidad confirmó a este digital que
la atención seguirá siendo gratis, gracias a un sistema de bonificaciones a los usuarios dependientes, que "no notarán la diferencia en este sentido".
Identificación "perversa"
Pero otros aspectos de la Ley de Dependencia, que el pasado día 1 de enero cumplió tres años en vigor, son "claramente mejorables". Para empezar, el Cermi no se cansa de repetir que
identificar discapacidad con dependencia no solo es erróneo, sino también "peligroso", pues muchos discapacitados preferirían quedarse fuera del nuevo sistema. Bien porque no lo deseen, o bien porque, sencillamente, no son dependientes.
Sin embargo, recordó Pérez,
"en algunas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, se siguen iniciando procesos de oficio, sin consultar al interesado, para que entren en el sistema de la dependencia, obviando su libertad de decisión". Un sistema al que, denuncia, algunas regiones están alimentando a base de recursos antes destinados a servicios sociales, lo que significa, en palabras de Pérez, "desvestir un santo para malvestir a otro". "No todo es dependencia", insistió.
La libertad de elección, a juicio del Cermi, debería garantizarse también a la hora de elaborar los Planes Individuales de Atención (PIA), pues
es el usuario quien mejor conoce su situación. "No es admisible que sea la Administración quien decida por él, sin consultarle, el tipo de atención que va a recibir", advirtió Pérez. Para evitar estos "despropósitos", Pérez pidió más y mejores mecanismos de participación del colectivo para tratar los problemas que lo afectan.
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