Cinco nuevas oficinias y 7,2 millones para atender a los inquilinos del IVIMA
Por MDO/E.P.
miércoles 30 de septiembre de 2009, 00:00h
Actualizado: 30/09/2009 19:00h
Una nueva red de cinco oficinas, tres ellas en la capital, atenderá a inquilinos de pisos, garajes y locales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA); después de que el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles adjudicara el servicio por un importe de 7,2 millones de euros y durante dos años.
El Consejo de Gobierno dio luz verde a la adjudicación del cobro de las rentas del parque inmobiliario del IVIMA, que gestiona un total de 47.000 inmuebles entre viviendas en alquiler (23.000), plazas de garaje (22.000) locales comerciales (2.000).
La Comunidad de Madrid destinará un presupuesto de 7,2 millones de euros en los dos próximos años para la contratación de estos servicios, adjudicados tras concurso público a la empresa UTE ATM2-Iconsa Conurma S.L.
Con este acuerdo, la Comunidad pretende avanzar en la mejora de la gestión de los cobros del parque de la promotora pública regional, estableciendo, además, una red descentralizada de cinco oficinas por toda la región, tres de ellas en la capital, para facilitar a los administrados sus obligaciones de pago; además, se potenciarán los pagos a través de las domiciliaciones bancarias.
Asimismo, otra de las funciones que llevará a cabo la adjudicataria del contrato será la atención especializada de las familias con dificultades en el pago de las rentas. De este modo, un equipo de trabajadores sociales llevará a cabo un seguimiento individualizado y de apoyo a las familias comprobando sus dificultades económicas y sociales.
También les posibilitarán, en el caso de problemas para afrontar sus pagos, tanto una reducción de la renta mensual como asesoramiento para un posible aplazamiento del pago de la deuda acumulada. Además, se ha de garantizar que las viviendas del Ivima sean utilizadas para los fines sociales para los que fueron construidas, que se ocupen por sus titulares, que se mantengan correctamente y que se eviten situaciones de ocupación ilegal, abuso o fraude.