El Ayuntamiento destruye el alcantarillado y cuatro casas de la Cañada

Las excavadoras llegaron a las 8.00 horas; la policía, un poco antes. En torno a las 11.00 horas, el sector 5 de la Cañada Real, cerca de Rivas-Vaciamadrid, ya estaba acordonada. Agentes armados de la Policía Nacional se encargaban de impedir el paso a vecinos y periodistas.

En esos primeros momentos, el dispositivo municipal destruyó parte del precario alcantarillado de la zona, construido por los propios habitantes de la Cañada, y una casa de ladrillo próxima a la urbanización de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid. La vivienda se encontraba inundada, tras las lluvias que cayeron en la zona este domingo, y vacía. Oasima, una de sus inquilinas, recibió a primera hora de la mañana la noticia y se desplazó al lugar. Tenía, aseguraba, "bastante dinero" y todos sus enseres en el interior.

Después, otras tres viviendas quedaron reducidas a escombros, dos de ellas prácticamente pegadas a las que, hace ahora un año, fueron derribadas en medio de una impresionante batalla campal entre los vecinos y la policía. Una de ellas estaba a medio construir; las otras dos, habitadas por familias marroquíes desde hace seis y tres años, respectivamente. "Me ha costado 15.000 euros", apuntaba uno de los afectados, "y todavía no he acabado de pagarla". "¿Y nosotros? Vivimos enfrente y pagamos el doble", argumentaban algunos curiosos de Covibar que se acercaron al ver el despliegue.

Los vecinos se quejaban de haber sido "dispersados por la policía". "Lo han hecho muy bien. Sin avisar, después de varias semanas de filtrar alarmas falsas, al final vienen y nos sitian aquí dentro mientras derriban las casas", resumía Lidia, una de las portavoces vecinales. "A los inmigrantes y a los obreros les tiran las casas sin ningún remordimiento. ¿Por qué no tiran las viviendas de la zona de venta de droga?", se preguntaba Manuel, un vecino.

Con todo, para los vecinos, lo más grave es la destrucción de parte del alcantarillado. "Lo han hecho a propósito, como medida de presión para los que aún resistimos aquí", comentaba un hombre marroquí. Según el Ayuntamiento de Madrid, se trataba de "una canalización ilegal que vertía aguas fecales sin ningún control sanitario en un arroyo público".

"Entorno inhabitable"
Fuentes del Ayuntamiento informaron de que estos derribos tratan de evitar la multiplicación de edificaciones ilegales en una zona de dominio público y la llegada de nuevos ocupantes a un entorno inhabitable. Su propósito, aseguraron estas fuentes, consiste en "evitar las consecuencias que la ocupación de una vaguada natural de estas características produce en ocasión de fenómenos meteorológicos excepcionales", informaron fuentes municipales. Así, el Ayuntamiento de la capital entiende que la situación de la Cañada Real Galiana desborda los límites del municipio, al no ser de titularidad local y, además, considera que da lugar a problemas de integración social, educativos, de salud pública y de seguridad, entre otros.

En el operativo de derribo han intervenido un equipo técnico del Servicio de Disciplina Urbanística, cuerpos de Seguridad y el Samur Social.

Entrada "con mala leche"
Por otro lado, el párroco de la San Carlos Borromeo, Javier Baeza, aseguró que los responsables del derribo están llevando un despliegue "mayor" que la última vez, en marzo, cuando se derribó un edificio donde estaban alojados de forma ilegal familias de origen boliviano. Baeza aseguró que esta entrada en la Cañada, pocas horas después de que la lluvia dejase destrozada toda la zona, llena de barro y de condiciones insalubres para los ciudadanos que habitan allí, está hecha "con mala leche".

Sin respiro
Así, el Ayuntamiento de Madrid no da un respiro a los habitantes de la Cañada que aún se recuperan del desastre producido por las lluvias caídas durante los últimos días en la capital.  Desde el pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Madrid ha demolido en el ámbito de la Cañada Real 81 construcciones, 13 infraviviendas, un puente y una nave industrial.

Por su parte, la oposición municipal ha criticado con dureza la medida del Consistorio. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, exigió al Gobierno municipal que "cumpla con su obligación en la Cañada sin que la descoordinación con el Gobierno autonómico sirvan de coartada para no hacerlo". El edil pidió que se realicen las tareas de tipo social, de alumbrado público y de limpieza que necesita la zona.

Recordó que hace diez meses su grupo presentó y consiguió la aprobación en Pleno de la constitución de un consorcio público que dé cumplimiento a las necesidades de la Cañada, una propuesta a la que se sumaron este jueves los grupos socialista y de IU en la Asamblea.